UE aprueba norma que permite deportaciones a países desconocidos sin vínculos previos

El Parlamento Europeo aprobó el 17 de junio de 2026 la nueva Regulación de Retorno con los votos de grupos políticos conservadores y de extrema derecha, dejando pendiente solo la adopción formal del Consejo. La norma introduce cambios sustancialmente más restrictivos respecto de la Directiva de Retorno anterior y autoriza la transferencia forzada de personas a países con los cuales nunca han tenido contacto previo ni poseen conexión alguna.

El aspecto más controversial es la eliminación de lo que la norma denomina "criterio de conexión". Conforme al artículo 4(3) de la nueva Regulación, un "país de retorno" puede ser no solo el país de nacionalidad o residencia habitual anterior, sino también cualquier estado por el cual la persona transitó previamente. Más significativamente aún, el literal g del mismo artículo permite que sea país de retorno cualquier nación con la cual exista un acuerdo bilateral para la admisión del individuo, sin que este tenga conexión alguna con ese lugar ni haya consentido su traslado.

Esta modificación se apartó radicalmente de la Directiva de Retorno de 2008, que requería que el retorno fuese bien a país de origen, país de tránsito o —en caso de un tercer país— únicamente si la partida era voluntaria. En 2020, la Corte de Justicia de la Unión Europea falló que el mero tránsito no establece la conexión suficiente.

Los académicos han señalado que la terminología "retorno" es eufemística y oculta lo que constituye una interferencia fundamental con la libertad individual. El principio de habeas corpus —emergente del Acta inglesa de 1679— reconoce el derecho a controlar el propio cuerpo y la propia ubicación. Trasladar forzadamente a una persona a un lugar completamente desconocido, del cual no puede marcharse libremente, representa una intromisión grave en esa libertad básica, distinta cualitativamente de la deportación a país de origen.

La aprobación fue acompañada por cánticos de "envíenlos de vuelta", revelando cómo la política migratoria ha quedado moldeada por resentimiento. El objetivo declarado es instilar temor entre migrantes para desalentar solicitudes de protección en Europa. Expertos califican el marco como "abducción estatal organizada".

La norma condiciona los acuerdos con terceros países al respeto de estándares internacionales de derechos humanos, incluido el principio de no devolución. Sin embargo, académicos cuestionan si esas salvaguardas son suficientes ante la ausencia de todo vínculo previo del deportado con el destino.