Tribunal Supremo de EE.UU. evita pronunciarse sobre estándar de discapacidad intelectual en caso de pena de muerte

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos optó por no resolver una controversia sobre los estándares para evaluar la discapacidad intelectual en casos de pena capital, dejando vigente una decisión del Tribunal de Apelaciones del 11° Circuito que determina que Joseph Smith, quien lleva más de dos décadas en el corredor de la muerte en Alabama, no puede ser ejecutado por padecer dicha condición.

Mediante una orden de una sola oración y sin firma, el tribunal desestimó la petición de revisión presentada por Alabama en el caso Hamm v. Smith declarándola "improvidentemente concedida", fórmula que implica la dismissal del caso sin pronunciamiento sobre el fondo. La votación fue efectivamente de 5 a 4.

El juez Samuel Alito redactó una disidencia de 24 páginas a la que se adhirió en su totalidad el juez Clarence Thomas —quien además elaboró su propio voto disidente de 16 páginas— y en forma parcial el presidente del tribunal, John Roberts, y el juez Neil Gorsuch. Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor redactó una opinión concurrente de 22 páginas, secundada por la jueza Ketanji Brown Jackson, en la que avaló la decisión de no admitir el caso.

El trasfondo jurídico de la controversia remite al precedente Atkins v. Virginia (2002), en que el propio Tribunal Supremo resolvió que la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense —que prohíbe los castigos crueles e inusuales— veda la ejecución de personas con discapacidad intelectual. La disputa en el caso Smith giraba en torno a cómo y en qué medida los tribunales deben evaluar ese tipo de alegación.

Al optar por no decidir, el máximo tribunal federal dejó sin alterar el criterio aplicado por el 11° Circuito, que había concluido que Smith reúne las condiciones para quedar amparado por la prohibición constitucional establecida en Atkins.

La decisión tiene relevancia para el derecho comparado en materia de garantías constitucionales frente a la pena de muerte y la protección de personas en situación de vulnerabilidad cognitiva, ámbito en que el debate sobre los métodos de evaluación pericial continúa abierto en la jurisprudencia estadounidense.

La información fue reportada por SCOTUSblog.