TJUE amplía concepto de "operador" en sanciones a medios rusos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que el término "operador" empleado en el régimen de sanciones contra medios afines al Kremlin abarca a cualquier persona física o jurídica que difunda sus contenidos, incluso si lo hace sin finalidad comercial o lucrativa.

La sentencia, dictada en el asunto C-67/25 a raíz de una consulta prejudicial de la Fiscalía de Saarbrücken (Alemania), interpreta el artículo 2 septies, apartado 1, del Reglamento 833/2014, modificado por el Reglamento 350/2022 tras la invasión rusa de Ucrania. La norma prohíbe a "los operadores difundir o contribuir a difundir cualquier contenido" de ciertos medios sancionados.

Tres ciudadanos alemanes están siendo investigados por mantener un blog de acceso libre y financiado con donaciones voluntarias que reproducía material de RT. La duda esencial era si una actividad de difusión no profesional podía subsumirse en el concepto de operador.

El TJUE respondió afirmativamente con tres criterios. El literal se apoya en el "significado habitual en el lenguaje corriente", que abarca a quien maneja equipos o realiza operaciones técnicas, sin exigir ánimo de lucro. El contextual destaca que la palabra no va acompañada del adjetivo "económica" en la mayoría de las versiones lingüísticas. Por ello, las "FAQ" de la Comisión –que limitaban el término a actividades comerciales o profesionales– "no pueden modificar el alcance" de la disposición ni ser determinantes para su interpretación.

El argumento teleológico es el más incisivo: una lectura restrictiva privaría de efectividad a la prohibición y permitiría "contribuir activamente a las campañas de desinformación y desestabilización, amenazando así el orden público y la seguridad de la Unión". Esta línea, ya esbozada por el Tribunal General en 2022, convierte la defensa de los valores del artículo 2 TUE en un instrumento de lucha exterior contra la propaganda rusa, incluso a costa de limitar la libertad de expresión y el derecho a recibir información.

Analistas advierten que la decisión agranda una brecha en el acervo constitucional europeo, al sustituir el código del Estado democrático por una lógica amigo-enemigo y debilitar el control judicial sobre las medidas ejecutivas. El fallo, publicado originalmente por Verfassungsblog, subraya que un enfoque tan amplio podría extenderse a cualesquiera canales de comunicación, siempre que se considere que sirven a una campaña de manipulación mediática.