Internacional
Corte Suprema de EE.UU. — Financiamiento electoral
Suprema estadounidense anula ley que limitaba gastos coordinados de partidos políticos
Por votación 6-3, la corte resolvió que los límites a gastos coordinados entre partidos y candidatos violan la Primera Enmienda. La decisión revierte un precedente de 25 años y amplía el gasto electoral sin restricciones.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló una ley federal que limitaba los gastos que los partidos políticos podían realizar en coordinación con candidatos a cargos electivos, resolviendo que tales restricciones violan la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda.
En fallo de 6 votos contra 3, el máximo tribunal estadounidense revirtió su propia decisión de 2001 en Federal Election Commission v. Colorado Republican Federal Campaign Committee, que había avalado los mismos límites. El caso que generó esta resolución fue National Republican Senatorial Committee v. Federal Election Commission.
La mayoría, en opinión escrita por el juez Brett Kavanaugh, sostuvo que "esta sentencia trata a todos los partidos políticos de manera equitativa. Permitirá que todos los partidos políticos —incluyendo el Comité Nacional Demócrata y Republicano y sus respectivos comités de Senado y Cámara, así como otros partidos y comités partidarios— participen más libremente y compitan más plenamente en el proceso político, y se coordinen más estrechamente con sus candidatos".
El tribunal consideró que bajo la jurisprudencia estadounidense actual en materia de financiamiento electoral, la única justificación válida para restricciones son prevenir corrupción "quid pro quo" —contribuciones a cambio de acciones oficiales—. Kavanaugh argumentó que existen otras medidas menos restrictivas para evitar la evasión de límites de contribución: restricciones base, leyes federales contra contribuciones etiquetadas, y leyes de transparencia. Además, observó que la mayoría de estados no imponen límites de gasto coordinado sin que "haya evidencia de corrupción".
La disidencia, encabezada por la jueza Elena Kagan e integrada por las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, advirtió que la mayoría "reescribe las reglas para permitir eludir los límites de contribución" y crea "las mismas oportunidades de corrupción quid pro quo que los límites de contribución fueron diseñados para detener".
La sentencia fue dictada en respuesta a un desafío presentado por entonces senador J.D. Vance, entonces congresista Steve Chabot, y los comités nacionales republicanos de Senado y Cámara, quienes argumentaron que las restricciones violaban la Primera Enmienda.
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