Suprema estadounidense: acusados pueden apelar penas pese a renuncia si hay injusticia manifiesta

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los acusados pueden apelar una sentencia o condena incluso cuando han renunciado a ese derecho, siempre que hacerlo vuelva a hacer cumplir la renuncia resultase en "una miscarria de justicia".

En el fallo Hunter v. United States, pronunciado el pasado 18 de junio, el máximo tribunal estadounidense por 8 votos contra 1 anuló una decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que había rechazado un recurso de apelación basándose en una renuncia previa.

El caso surgió de un acuerdo de culpabilidad en 2024 en el que Munson Hunter, un acusado de Texas, se declaró culpable de un cargo por fraude telegráfico. Como parte del acuerdo, el Gobierno desistió de nueve cargos adicionales. Hunter también renunció expresamente a su derecho de apelación, con la excepción de reclamos por deficiencia de la representación legal que vulnerase su derecho constitucional a un abogado. La sentencia incluyó más de cuatro años de prisión y la imposición de tratamiento de salud mental y medicamentos durante la libertad supervisada.

Hunter impugnó la condición de libertad supervisada, pero el Circuito Quinto consideró que la renuncia a apelación le impedía hacerlo. La Corte Suprema revirtió ese fallo.

Según la mayoría, "un acuerdo de no apelar una sentencia es inaplicable cuando resultaría en una miscarria de justicia, es decir, cuando dejaría en pie el tipo de error atroz que traería deshonra al sistema judicial". La Corte remitió el caso al Circuito Quinto para que analice si hacer cumplir la renuncia produciría esa miscarria de justicia.

El ministro Clarence Thomas fue el único disidente. Argumentó que no hay "base para exceptuar a Hunter de su renuncia a apelación" y criticó que la decisión mayoritaria parecía descansar en "preocupaciones de política pública" antes que en normas jurídicas.

El fallo expande las circunstancias bajo las cuales los acusados federales pueden impugnar decisiones pese a haber renunciado a apelar, estableciendo un estándar de "injusticia manifiesta" como límite a la aplicación de tales renuncias.