Suprema de EE.UU. restablece condena por asesinato de Etan Patz tras desestimar nulidad procesal

La Corte Suprema de Estados Unidos restableci la condena contra el hombre condenado por el secuestro y homicidio de Etan Patz, desestimando la orden de un tribunal inferior que había anulado la sentencia y exigido un nuevo juicio.

Etan Patz, de 6 años, desapareció en 1979 mientras se dirigía a una parada de autobús escolar en Nueva York. Su caso fue uno de los primeros en ser divulgado en envases de leche y catalizó la creación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

La condena se basó en la confesión del acusado, quien fue interrogado durante aproximadamente siete horas sin haber recibido la advertencia Miranda —establecida por la Corte en 1966— sobre su derecho a guardar silencio y contar con representación legal. Posteriormente, tras recibir la advertencia, confesó nuevamente en video, siendo estas confesiones las utilizadas en el juicio.

Durante las deliberaciones, el jurado consultó si debía "desestimar" las confesiones posteriores a la advertencia Miranda si determinaba que las confesiones previas no habían sido voluntarias. El tribunal de primer grado respondió negativamente. El jurado condenó al acusado por homicidio agravado y secuestro, imponiéndose una pena de 25 años de prisión a cadena perpetua.

En su recurso de revisión post-condenatoria federal, el acusado invocó el caso Missouri v. Seibert (2004), en el cual la Corte Suprema estableció que las confesiones repetidas después de una confesión inicial sin Miranda deben ser suprimidas. La Corte de Apelaciones del 2º Circuito estuvo de acuerdo, concluyendo que el error fue "manifiestamente perjudicial" y ordenó una nulidad o nuevo juicio.

En su opinión sin firma de 10 páginas, la Corte Suprema revirtió esta decisión. Sostuvo que no estaba claramente establecido en la ley federal que el tribunal debiera instruir al jurado sobre la exclusión de confesiones admitidas, y que la regla de Seibert no se extiende a la consideración de confesiones por el jurado.

Las ministras Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson indicaron, sin explicación, que habrían denegado la petición del estado.

La decisión ilustra la tensión entre los estándares procesales de protección de derechos fundamentales y los límites de la revisión post-condenatoria federal en Estados Unidos.