Suprema de EE.UU. devuelve a tribunal inferior disputa por compensación en venta de casa por impuestos

La Corte Suprema de Estados Unidos remitió a tribunal de apelaciones inferior una controversia constitucional sobre la compensación que debe pagar un condado de Michigan a un propietario cuya casa fue vendida en subasta fiscal por impuestos adeudados.

El caso tiene origen en la ejecución hipotecaria que el condado de Isabella realizó sobre una vivienda, argumentando deuda de impuestos. Después de que la casa fue vendida en subasta por 76.000 dólares, el propietario —quien actuaba como albacea de la sucesión del anterior dueño— recibió la diferencia entre ese precio y los impuestos adeudados. Sin embargo, cuando el comprador posterior revendió la propiedad a un precio significativamente mayor, el propietario original reclamó tener derecho a aproximadamente 192.000 dólares, basándose en que ese precio de reventa reflejaba el verdadero valor de mercado.

El propietario argumentó que la negativa del condado a pagarle esa cantidad mayor violaba tanto la Cláusula de Expropiación de la Quinta Enmienda —que prohíbe al gobierno tomar propiedad privada sin "justa compensación"— como la prohibición de penas excesivas de la Octava Enmienda. La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito rechazó su demanda, y el martes la Corte Suprema coincidió en lo sustancial.

En su sentencia, el ministro Samuel Alito enfatizó que "durante cientos de años, la ley inglesa y estadounidense han permitido la incautación y venta de propiedad como método de cobro de impuestos, siempre que el gobierno devuelva cualquier remanente al deudor". El tribunal estableció así el principio de que cuando el gobierno incauta y vende propiedad para cobrar una deuda tributaria, el propietario tiene derecho solo al remanente de la venta —ni más ni menos.

Sin embargo, Alito reconoció que ambas partes parecen estar de acuerdo en que un estado podría violar la Constitución si emplea procedimientos manifiestamente injustos, como una venta simulada o retrasos innecesarios. La Corte Suprema declinó resolver qué constituye un proceso justo en este contexto y remitió el caso al Sexto Circuito para que analice esa cuestión.

La sentencia reafirma así un principio histórico del derecho de la propiedad frente a potestades tributarias del Estado, a la vez que abre una puerta para futuras disputas sobre el rigor de los procedimientos administrativos.