Internacional
Corte Suprema de Estados Unidos — Derecho constitucional
SCOTUS: geofence warrant es un registro bajo la Cuarta Enmienda
La Corte Suprema estadounidense determinó que el uso de órdenes de geolocalización para obtener datos de ubicación de celulares constituye una "búsqueda" protegida constitucionalmente, abriendo debate sobre privacidad digital y vigilancia estatal.

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por 6 votos contra 3 que el uso de una "geofence warrant" —una orden judicial que instruye a empresas tecnológicas como Google a entregar datos de ubicación de usuarios de celulares cercanos a un lugar específico en un tiempo determinado— constituye una "búsqueda" conforme a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
La decisión revierte el criterio de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que había sostenido que no existía búsqueda porque el usuario no podía esperar razonablemente que sus datos de ubicación, voluntariamente compartidos con Google, permanecieran privados.
El caso surge de una investigación por robo a banco cometido en 2019 en las afueras de Richmond, Virginia. Un individuo armado entró a una institución crediticia federal, amenazó a un cajero con una nota y se llevó aproximadamente $200.000. Sin pistas iniciales, las autoridades sirvieron a Google una geofence warrant que ordenaba identificar todos los celulares ubicados dentro de 150 metros del banco durante 30 minutos antes y después del robo.
Google proporcionó la información en tres fases: primero, una lista de 19 cuentas sin nombres; segundo, datos adicionales de nueve de esas cuentas en un período de dos horas; y tercero, identidades y información de tres cuentas, incluyendo la del imputado. Con esa información, la policía obtuvo orden para registrar dos domicilios, donde halló cerca de $100.000 en efectivo robado, un arma y notas de demanda de dinero.
El acusado se declaró culpable de robo a banco pero impugnó la admisibilidad de la evidencia obtenida mediante la geofence warrant. El juez de primera instancia reconoció que la orden carecía de probable causa y especificidad constitucionales, pero permitió su uso bajo la doctrina de "good faith" (buena fe).
La mayoría, escrita por la Justicia Elena Kagan, afirmó que 'un individuo tiene una expectativa razonable de privacidad en registros sobre la ubicación de su celular, e la policía vulnera ese interés constitucionalmente protegido cuando exige la información'. El Justicia Samuel Alito, en disidencia acompañado parcialmente por los Justices Clarence Thomas y Amy Coney Barrett, argumentó que el fallo "enviará ondas sísmicas" a través de la doctrina de la Cuarta Enmienda, aunque sin efecto en este caso.
La Corte remitió el asunto al tribunal inferior para evaluar si la búsqueda fue "razonable" conforme a la Constitución. La decisión amplía significativamente la protección de privacidad digital en la jurisprudencia estadounidense y establece precedente sobre vigilancia estatal y datos de localización.
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