SCOTUS delimita poderes presidenciales: Corte rechaza independencia total de la FTC y el Fed

La Corte Suprema de Estados Unidos cerró el capítulo de la sentencia Humphrey's Executor v. United States (1935) al resolver que el presidente posee mayores facultades para remover comisionados de organismos reguladores independientes, revirtiendo una protección que había permanecido durante casi nueve décadas.

En dos decisiones paralelas —Trump v. Slaughter, referida a la Comisión Federal de Comercio (FTC), y Trump v. Cook, sobre la Reserva Federal (Fed)— la Corte sostuvo que los poderes de estas instituciones son fundamentalmente de naturaleza ejecutiva, por lo que el presidente puede ejercer un control más directo sobre ellas. El fallo sobre la FTC declara que los poderes de ese organismo son "abrumadoramente ejecutivos", contradiciendo décadas de doctrina que los catalogaba como "cuasi-judiciales y cuasi-legislativos".

Esta línea jurisprudencial no sorprende a los estudiosos del derecho constitucional estadounidense. La Corte Roberts ha mostrado, desde 2009 con Free Enterprise Fund v. PCAOB, una clara inclinación a limitar la independencia de las agencias regulatorias. En 2020, el mismo tribunal anuló la protección contra destituciones arbitrarias de la Dirección de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en Seila Law v. CFPB, aplicando el mismo principio: que los organismos que ejercen poder ejecutivo no pueden estar aislados del control presidencial.

Sin embargo, la decisión sobre la Reserva Federal introdujo un matiz relevante. La Corte distinguió el Fed de otras agencias regulatorias, reconociendo que sus funciones son predominantemente "monetarias"—herederas del poder de banca que nunca ha sido constitucionalizado como poder ejecutivo puro. El voto mayoritario sugiere que mientras la independencia del Fed podría subsistir en sus funciones monetarias, sus potestades regulatorias sobre el sector privado podrían ser objeto de futuro cuestionamiento constitucional.

Esta arquitectura genera interrogantes prácticos inmediatos. En organismos multimembres como la FTC, la ley requiere equilibrio político: no más de tres de cinco comisionados del mismo partido. Ese mecanismo funcionó bajo el supuesto de que el presidente no podía destituir arbitrariamente a los comisionados de la oposición. Post-Slaughter, ese consenso político informal podría colapsar, alterando radicalmente el equilibrio del poder ejecutivo en agencias históricamente independientes.