SCOTUS acepta revisar demandas contra funcionarios federales por violación de derechos

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar un caso que cuestiona si un recluso puede demandar a funcionarios federales —en este caso, oficiales penitenciarios— por violación de derechos constitucionales incluso cuando no existe una ley específica que autorice tales demandas.

El caso, Nielsen v. Watanabe, llega a la máxima instancia estadounidense más de 50 años después de que, en Bivens v. Six Unknown Federal Narcotics Agents (1971), la Corte reconociera el derecho de particulares a demandar agentes federales por violaciones a derechos constitucionales —en aquel entonces, derechos de la Cuarta Enmienda— aunque no hubiera estatuto que lo expresamente lo permitiera.

En 1980, con Carlson v. Green, la Corte amplió esa doctrina al permitir que la madre de un recluso fallecido demandara a empleados penitenciarios por no otorgar tratamiento médico adecuado. Sin embargo, desde entonces el máximo tribunal ha rechazado repetidamente intentos de extender Bivens a nuevos contextos.

En Nielsen v. Watanabe, el tema central es si Kekai Watanabe —un preso cuyo cóccix fue fracturado en una pelea y que no recibió tratamiento médico oportuno— puede invocar Bivens para demandar a Francis Nielsen, enfermero penitenciario. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito permitió que la demanda procediera, citando Carlson.

La defensa de Nielsen argumentó ante la Corte que Bivens debe limitarse a tres circunstancias previamente reconocidas por la jurisprudencia, y que el caso de Watanabe no encaja en ninguna. Señaló además que existen remedios alternativos para presos, como la Ley de Reforma del Litigio Penitenciario, lo que podría configurar un "nuevo contexto". Watanabe, por su parte, sostuvo que su caso no extiende Carlson más allá de su contexto original: invoca la misma enmienda (la Octava, sobre tratos crueles e inusuales), el mismo tipo de conducta (indiferencia deliberada ante necesidad médica grave) y la misma clase de demandados (personal médico federal).

La Corte otorgó revisión tras considerar el asunto en conferencias del 11 y 18 de junio. Los alegatos se esperan en el otoño, con sentencia probable en 2027.

La decisión adquiere relevancia en derecho comparado al replantear los límites de la responsabilidad de funcionarios públicos sin mediación legislativa expresa, un tema presente en jurisdicciones como Chile.