¿Puede un tratado impuesto bajo coerción militar ser válido en derecho internacional?

El debate sobre la validez de los tratados internacionales negociados bajo coerción militar adquiere relevancia en el análisis de un posible futuro acuerdo entre Irán y Estados Unidos, tras una prolongada confrontación militar y diplomacia coercitiva.

La cuestión central gira en torno al artículo 52 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (CVDT) de 1969, que establece que un tratado es nulo si su celebración ha sido procurada por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de la Carta de las Naciones Unidas. Aunque esta disposición es ampliamente considerada un pilar del orden jurídico basado en la Carta, su aplicación práctica permanece incierta, especialmente cuando las negociaciones internacionales ocurren bajo condiciones de grave desigualdad, conflicto armado y presión política.

El análisis examina el trasfondo normativo del caso: tras el retiro estadounidense del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) en 2018, el gobierno de Estados Unidos adoptó una política de "máxima presión" mediante sanciones económicas. En junio de 2025, mientras continuaban las negociaciones, Israel lanzó ataques militares contra Irán con respaldo estadounidense, incluyendo ataques a instalaciones nucleares pacíficas. Posteriormente, en febrero de 2026, se inició una operación militar a gran escala contra Irán con objetivos declarados de cambio de régimen. Tras el cese de fuego, funcionarios estadounidenses advirtieron que la negativa a aceptar las condiciones estadounidenses podría conducir a nuevos ataques sobre infraestructura crítica iraní.

Según el análisis jurídico, la distinción decisiva bajo el artículo 52 no reside simplemente en que la negociación ocurra bajo presión, sino en si existe un vínculo causal directo entre la fuerza ilícita y el consentimiento. Los tratados celebrados tras negociaciones bajo presión económica, política o militar ordinaria no son necesariamente inválidos. Sin embargo, cuando la fuerza se convierte en instrumento directo para moldear el consentimiento —como cuando un Estado abiertamente condiciona el cese de operaciones militares a la aceptación de términos específicos— el tratado puede ser considerado procurado mediante coerción prohibida.

La validez de cualquier eventual acuerdo dependerá de si la presión militar ejercida trasciende el contexto ordinario de negociación desigual para convertirse en un instrumento causal decisivo en la formación del consentimiento estatal.