Nicaragua: cuando la justicia se reduce a edificio y nombre

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, ubicada en Managua, subsiste hoy como un edificio y un nombre sin contenido institucional. Lo que fue concebido como el órgano supremo de justicia —con salas constitucionales diseñadas para impedir abusos de poder— se ha convertido en un aparato administrativo al servicio de la lógica del régimen denunciado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad.

Este vaciamiento institucional no es aislado. La pareja presidencial Ortega-Murillo y sus aliados han desmantelado las instituciones democráticas de Nicaragua de manera sistemática. Desde 2018, año en que el país experimentó una rebelión pacífica masiva, el régimen intensificó la represión abierta contra la disidencia. En 2021, Nicaragua se convirtió en el único país que celebraba elecciones sin periódicos impresos ni libertades básicas de expresión, producto de los ataques sostenidos contra la prensa y la academia.

Las cifras reflejan la magnitud de la crisis: más de 4.600 organizaciones han sido canceladas mediante leyes, decretos o sin fundamento legal alguno. Más de 1.000 casos de represión han sido denunciados. Estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas, aspirantes presidenciales y miembros de la Iglesia católica han sido convertidos en presos políticos. El régimen ha introducido mecanismos sin precedentes, como la desnacionalización masiva de disidentes y su deportación, acompañadas de reformas constitucionales que buscan legitimarlas. Desde 2020, se han realizado 11 reformas constitucionales —y una adición— que profundizan la concentración de poder.

La represión ha trascendido las fronteras nacionales. Más de 373.000 nicaragüenses han sido desplazados por la fuerza desde 2018. El régimen ha instrumentalizado el derecho internacional penal y sistemas como INTERPOL para perseguir a opositores en el exilio, consolidando una represión transnacional.

Análisis recientes sugieren que Nicaragua se acerca a un punto de inflexión, donde el régimen sobrevive pero ya no gobierna. Sin embargo, persisten interrogantes fundamentales para una eventual transición democrática: ¿cómo reconstruir la justicia sin instituciones? ¿Qué rol desempeña el derecho internacional en la no repetición? ¿Cómo pensar la democracia desde lo local?

Una serie de contribuciones académicas examina estas tensiones desde experiencias comparadas —Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala— y explora mecanismos como acciones ante la Corte Internacional de Justicia respecto de la apatridia. El caso nicaragüense genera nuevos estándares regionales sobre democracia, desnacionalización y regresión institucional que interesan al sistema interamericano.