¿Migrantes instrumentalizados o justicia cooptada? Debate sobre límites a derechos en crisis migratoria

Un debate de alcance internacional se abre en torno a los límites de la protección de derechos humanos en contextos de migración instrumentalizada, en momentos en que la Corte Europea de Derechos Humanos examina casos sobre expulsiones sumarias y detenciones arbitrarias en la frontera de Bielorrusia.

La Declaración de Chișinău, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, propone que los tribunales limiten —incluso excluyan— la protección de derechos humanos cuando la migración sea utilizada por un Estado hostil para comprometer la seguridad nacional. La Declaración invoca la doctrina de la "democracia capaz de defenderse a sí misma" para justificar estas restricciones.

El contexto es crítico. Desde 2021, Bielorrusia ha facilitado deliberadamente movimientos migratorios como represalia contra sanciones de la Unión Europea. Un informe de nueve organizaciones no gubernamentales registró más de 120.000 rechazos en frontera, frecuentemente acompañados de expulsiones sumarias, detenciones arbitrarias y alegaciones de tortura. Tres grandes casos —H.M.M. v. Latvia, C.O.C.G. v. Lithuania, y R.A. v. Poland— aguardan sentencia de la Gran Sala de la Corte Europea desde febrero de 2025.

Académicos como Glas, Istrefi, Buyse, Donald y Forde han señalado el riesgo de que la Corte adopte un enfoque de "democracia militante" en estos casos. La Declaración de Chișinău sugiere que migrantes instrumentalizados por Estados hostiles están abusando del sistema convencional y socavando valores democráticos europeos —una caracterización que expertos consideran peligrosa.

La Corte Europea posee herramientas jurídicas para limitar derechos cuando identifica intención clara de destruir el sistema convencional, particularmente mediante el artículo 17 de la Convención Europea. Sin embargo, aplicar estas defensas a personas migrantes en situación de vulnerabilidad plantea un dilema fundamental: ¿pueden ser calificadas como perpetradoras de un ataque al sistema convencional, o son víctimas de instrumentalización estatal?

La tensión jurídica refleja una pregunta más profunda sobre la naturaleza de la Corte: ¿debe sus decisiones moldear según circunstancias geopolíticas, o debe mantener estándares universales de protección independientes de crisis migratorias?