Magistrada Barrett fue víctima de un incidente de "swatting" en su residencia de Virginia

La magistrada Amy Coney Barrett, integrante de la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue objeto de un incidente conocido como swatting —una llamada falsa a servicios de emergencia destinada a provocar una respuesta policial de alto perfil— ocurrido durante la noche del miércoles en su residencia ubicada en el condado de Fairfax, Virginia, en las afueras de Washington D.C.

La información fue difundida inicialmente por Andrew Leyden, fotógrafo independiente que publica habitualmente en la plataforma X bajo el nombre de usuario @PenguinSix. Según relató en esa red social el jueves por la mañana, efectivos policiales concurrieron al domicilio de la magistrada tras recibir el aviso de emergencia, pero "rápidamente se percataron de que se trataba de una llamada falsa" y se retiraron luego de contactar al equipo de seguridad personal de Barrett, el cual no había registrado ninguna novedad.

La policía del condado de Fairfax confirmó el incidente en una declaración entregada a la publicación National Review. El audio difundido por Leyden —parcialmente redactado conforme a directrices mediáticas orientadas a prevenir incidentes de imitación— daba cuenta de que la dirección contaba con "cobertura de seguridad las 24 horas para un residente de alta prioridad del condado". Un oficial informó haber "tomado contacto con el personal de seguridad presente en el lugar", quienes señalaron no haber "escuchado nada".

La situación se enmarca en un contexto de mayor exposición y riesgo para los integrantes del máximo tribunal estadounidense. Desde al menos 2022 —año en que se filtró el borrador del fallo Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, que derivó en la reversión del precedente Roe v. Wade— los magistrados de la Corte Suprema cuentan con protección policial permanente.

El swatting constituye una práctica de acoso que recurre a llamadas de emergencia falsas para desplegar operativos policiales —habitualmente de alta intensidad— contra una persona o domicilio determinado. En el derecho comparado, varios ordenamientos jurídicos han avanzado en tipificar o agravar penalmente esta conducta dada su potencial de provocar situaciones de riesgo real para las víctimas y para los propios funcionarios de emergencias.

La nota fue publicada originalmente por SCOTUSblog.