La UE prohíbe a grandes empresas destruir ropa y calzado no vendidos desde julio de 2026

A partir del 19 de julio de 2026, la Unión Europea prohíbe a las grandes empresas destruir productos textiles no vendidos —ropa, accesorios de vestir y calzado—, salvo en circunstancias excepcionales. La disposición está contenida en el Reglamento sobre Ecodiseño de Productos Sostenibles (ESPR, por su sigla en inglés), vigente desde 2024, y supone un giro regulatorio que limita la facultad de las compañías para disponer de sus propios inventarios.

La norma no se agota en una mera prohibición. El ESPR construye un régimen escalonado de prevención, transparencia y restricción. Por un lado, obliga a los operadores económicos a adoptar medidas razonables para evitar la necesidad de destruir mercancías, a través de mejoras en la previsión de demanda, la gestión de existencias y la planificación de la producción. Por otro, exige a las grandes empresas que descarten productos no vendidos publicar anualmente la cantidad y peso de los bienes desechados, las razones del descarte y las acciones para reducir ese volumen en el futuro.

La prohibición alcanza inicialmente a las grandes compañías y se extenderá a las medianas desde julio de 2030, mientras las micro y pequeñas empresas quedan exentas. Un reglamento delegado de la Comisión Europea precisa las excepciones: quedan permitidas la destrucción cuando los artículos presenten riesgos para la salud o la seguridad, hayan resultado dañados o defectuosos, infrinjan derechos de propiedad intelectual u otras situaciones justificadas.

La medida refleja el avance de la economía circular en la legislación comunitaria. Durante años, la destrucción de ropa en perfecto estado simbolizó las contradicciones de una industria que proyecta sostenibilidad mientras alimenta un modelo lineal de producción y consumo. El nuevo marco desplaza el eje de la regulación ambiental desde el diseño y la gestión de residuos hacia las decisiones comerciales que determinan si los productos siguen en circulación. De este modo, la UE deja de tratar los inventarios no vendidos como simples activos fallidos y los entiende como recursos cuyo ciclo de vida debe prolongarse.