La Corte Suprema estadounidense limita el alcance de la reforma penitenciaria de 2018

La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictado una serie de sentencias que reducen significativamente el alcance de la First Step Act, la legislación de reforma penal promulgada en 2018 con rarísimo apoyo bipartidista en el Congreso.

La ley fue aprobada bajo la premisa de que las condenas federales se habían vuelto excesivamente severas y se aplicaban de manera desproporcionada según la raza. El entonces presidente Donald Trump la calificó como legislación que permitiría "reducir el crimen mientras se da a los ciudadanos una oportunidad de redención".

Sin embargo, en los últimos años, el tribunal ha emitido fallos que limitan progresivamente su aplicación. En el caso Pulsifer v. United States (2023), la mayoría restringió la expansión de la "válvula de seguridad" federal, disposición que permite a los jueces evitar imponer sentencias mínimas obligatorias a ciertos imputados. El ministro Neil Gorsuch criticó en su voto disidente que esta interpretación garantizaría que "miles de personas más en el sistema de justicia criminal federal serán negadas una oportunidad de obtener una sentencia individualizada".

Más recientemente, en mayo de 2026, el tribunal decidió dos casos sobre "compassionate release" (liberación compasiva), que permite a ciertos reclusos solicitar libertad anticipada o reducción de pena por "razones extraordinarias y apremiantes". En Rutherford v. United States, la Corte determinó que prisioneros condenados bajo el antiguo régimen de acumulación de penas —donde se imponían consecutivamente penas mínimas obligatorias— no podían invocar la eliminación de esa práctica como fundamento para obtener liberación compasiva. En el caso paralelo Carter v. United States, la pena mínima habría sido 21 años menor bajo la nueva ley.

La ministra Sonia Sotomayor protestó que la mayoría "conjuraba limitaciones categóricas" que ni el Congreso ni la Comisión de Sentencias impusieron.

En Fernandez v. United States, fallado el mismo día, el tribunal también descartó que dudas serias sobre la integridad de una condena califiquen como razón extraordinaria para liberación compasiva. La ministra Ketanji Brown Jackson disintió, acusando a la mayoría de "reescribir innecesariamente el estatuto que el Congreso redactó".

El senador Dick Durbin expresó que la Corte ha "debilitado significativamente una ley histórica de reforma penal bipartidista, en desacuerdo con la intención del Congreso".

Esta jurisprudencia contrasta con fallos anteriores que sí ampliaron el alcance de la ley, como Concepcion v. United States (2021) y Hewitt v. United States, pero la tendencia general ha sido restrictiva. La Corte conocerá próximamente Maxwell v. Thomas, otro caso sobre la First Step Act que abordará la transferencia de reclusos a centros de semilibertad.