Estados Unidos: la Corte Suprema ordena revisar caso de influencer condenada por crimen de encargo

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó el lunes remitir a un tribunal de apelaciones federales el caso de una mujer texana condenada por contratar a alguien para cometer un asesinato, luego de que el gobierno federal reconociera que se aplicó una regla legal incorrecta en la sentencia original.

En Grayson v. United States, la Corte envió nuevamente al Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito el caso de una influencer de redes sociales condenada y sentenciada a 10 años de prisión por solicitar a otra persona que matara a una rival. El gobierno federal había basado su caso en una llamada de FaceTime grabada sin consentimiento por la víctima propuesta, quien la registró sin conocimiento de la demandante.

La acusada argumentó que la grabación violaba la Ley Federal de Escuchas Telefónicas, que prohíbe interceptar comunicaciones electrónicas y su uso como prueba. El tribunal de primera instancia permitió el uso de la grabación bajo la excepción conocida como "clean hands" (manos limpias), criterio que el Sexto Circuito avaló en 1995. Sin embargo, el gobierno federal coincidió con la demandante en que esta excepción no existe en la ley y que la jurisprudencia del Sexto Circuito contradice la de otros circuitos.

De forma breve, la Corte Suprema ordenó el reexamen sin resolver el fondo del asunto. El Justicia Samuel Alito emitió un voto disidente argumentando que, incluso sin la grabación, existía prueba suficiente de culpabilidad.

En paralelo, la Corte rechazó revisar dos casos criminales que generaron disidencias escritas. En el primero, un hombre enfrentaba cargos por posesión de arma de fuego tras ser abordado por policía en Washington D.C. El tribunal local de apelaciones anuló su condena considerando que el factor raza debía analizarse al determinar si hubo "seizure" (captura) bajo la Cuarta Enmienda. Alito disintió, argumentando que considerar la raza del individuo en este análisis es constitucionalemente problemático.

En el tercero, un condenado a muerte en Texas solicita que se determine si es intelectualmente discapacitado para evadir ejecución conforme a jurisprudencia de 2002. Aunque peritos del estado y la defensa coincidieron en 2024, la Corte rechazó intervenir. La Justicia Sonia Sotomayor, acompañada por dos colegas progresistas, disintió adviriendo que el rechazo permite ejecutar sin que tribunal alguno determine la discapacidad intelectual.

Estas órdenes reflejan fracturas en el tribunal sobre cómo equilibrar derechos procesales con aplicación de la ley penal, particularmente respecto a factores como raza y protecciones constitucionales en detenciones.