EEUU: Corte Suprema anula condena por posesión de arma bajo ley vaga sobre consumo de drogas

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la condena de un imputado por posesión de arma de fuego bajo la sección 922(g)(3) del Código Penal federal, que prohíbe que los "usuarios ilícitos" de drogas controladas porten armas. El tribunal determinó que la persecución penal era inconsistente con la Segunda Enmienda constitucional.

El caso involucraba a un consumidor de marihuana aproximadamente cada dos días. El gobierno federal lo acusó en virtud de una disposición que criminaliza la posesión de armas por parte de "usuarios ilícitos" de sustancias controladas, argumentando que su consumo frecuente lo encuadraba en esa categoría.

La norma impugnada presenta un defecto estructural: no define con claridad quién es considerado "usuario ilícito". El texto legal no distingue entre alguien que probó una droga una sola vez, un consumidor ocasional de fin de semana, un usuario habitual como en este caso, o una persona bajo los efectos de la droga al momento de portar el arma. Esta indeterminación fue central en los argumentos del imputado, quien alegó que la disposición es inconstitucional por vaguedad, ya que delega arbitrariamente en los fiscales la definición de qué conducta constituye delito.

En la audiencia oral ante la Corte, varios ministros cuestionaron la claridad del término "usuario ilícito". El magistrado Neil Gorsuch, quien redactó la opinión mayoritaria, presionó al gobierno para que definiera el concepto, señalando que las autoridades habían cambiado su posición en múltiples ocasiones: primero sosteniendo que cubría cualquier consumo en el año anterior, luego invocando un "patrón" de uso, y finalmente usando una fórmula confusa de "consumo habitual".

Sin embargo, Gorsuch optó por resolver el caso mediante análisis de la Segunda Enmienda en lugar de abordar frontalmente el vicio de vaguedad. El tribunal comparó la norma impugnada con leyes históricas sobre "borrachos consuetudinarios" en la tradición del Derecho angloamericano, concluyendo que la persecución carecía de fundamento constitucional porque no probaba que el consumidor estuviese incapacitado para administrar sus asuntos ni que representara un peligro concreto.

La decisión beneficia al imputado, pero genera incertidumbre para los tribunales inferiores. La Corte Suprema no anuló la norma ni instruyó al Congreso para que defina claramente quién está prohibido de portar armas. Tampoco estableció criterios aplicables a otros casos similares. Esto deja abierto si el gobierno puede perseguir a consumidores presentes bajo los efectos, adictos, o usuarios con patrones distintos al del caso resuelto. Cada nueva acusación deberá ser litigada de manera independiente, reproduciendo el mismo análisis histórico y constitucional, lo que invita a "aplicación inconsistente y arbitraria", según advirtió una magistrada en su opinión concurrente.

La decisión representa un freno a la teoría de poder fiscal del gobierno, pero no resuelve el problema de fondo: la indefinición legal permanece, y los fiscales pueden intentar nuevas acusaciones con registros de prueba más robustos.