Ecuador: Corte Constitucional condena desaparición forzada de cuatro niños y fija estándares de protección reforzada

La Corte Constitucional del Ecuador condenó la desaparición forzada de cuatro menores de edad en Guayaquil y estableció estándares de protección reforzada para la infancia en contextos de militarización de la seguridad pública.

La sentencia 1732-25-EP/26 resuelve la acción extraordinaria de protección presentada por los representantes de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida después de su desaparición. El tribunal ecuatoriano anuló la decisión de la Sala Provincial de Guayas que había revocado el hábeas corpus otorgado en primera instancia.

La Corte identificó que existió privación ilegal de libertad por patrullas militares, negativa estatal a reconocer la detención, y falta de búsqueda inmediata y coordinada del Estado. Concluyó que concurrían los tres elementos constitutivos de la desaparición forzada: privación de libertad, participación estatal y ocultamiento de información sobre el paradero.

Uno de los aportes más relevantes de la sentencia es la incorporación de la perspectiva de infancia reforzada como principio hermenéutico obligatorio. El tribunal criticó que la Sala Provincial no aplicara el interés superior del niño como criterio rector, estableciendo que su omisión constituye una vulneración autónoma del debido proceso. La Corte también reprocha que el análisis de la detención no considerara la edad, vulnerabilidad socioeconómica, discriminación racial, contexto de militarización ni patrones de violencia estatal en zonas empobrecidas.

La decisión dialoga con estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Convención sobre los Derechos del Niño. De manera clara, el tribunal ratifica que el hábeas corpus procede incluso cuando la víctima sea hallada sin vida o exista un proceso penal en curso, replicando doctrina interamericana consolidada.

La reparación integral combina restitución, satisfacción, garantías de no repetición y memoria histórica. Incluye publicación de la sentencia, disculpas públicas del Estado, incorporación del caso en museos de memoria y creación de espacios de conmemoración.

La sentencia marca un hito regional por establecer parámetros jurisprudenciales en contextos donde la militarización incrementa riesgos para niños en situaciones de vulnerabilidad extrema.