Corte Suprema estadounidense rechaza orden ejecutiva que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó categóricamente la orden ejecutiva 14160 que buscaba terminar con la ciudadanía por nacimiento en ese país, reafirmando el principio constitucional de que toda persona nacida en territorio estadounidense y bajo su jurisdicción es ciudadana de pleno derecho.

El fallo, dictado a través de una mayoría cuya opinión fue redactada por el Presidente de la Corte, se basó directamente en la Constitución —específicamente en la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda— y no en una mera ley estatutaria, lo que otorga a la decisión un carácter definitivo e inamovible.

La Corte sostuvo que la jurisdicción estadounidense en el sentido de la Decimocuarta Enmienda se define por factores territoriales y geográficos: todo niño nacido en suelo estadounidense y bajo la bandera estadounidense está ordinariamente sujeto a las leyes de la nación. La decisión rechazó criterios genealógicos o de domicilio de los progenitores, calificándolos como "reglas turbulentas y confusas" en contraste con la claridad de la regla común de la ley anglosajona.

La Corte remitió a precedentes centenarios, incluido el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), que ya había establecido esta garantía de ciudadanía por nacimiento. También se apoyó en la jurisprudencia inglesa, particularmente Calvin's Case (1608), que consagró que todo niño nacido en territorio inglés era súbdito de la Corona, independientemente de la nacionalidad de sus padres.

El fallo vinculó la regla a los orígenes históricos estadounidenses: la opinión de Edward Bates, Fiscal General durante la presidencia de Abraham Lincoln en 1862, que ya rechazaba criterios de sangre o linaje y afirmaba que "toda persona nacida en el país es, en el momento del nacimiento, prima facie ciudadana". Estos principios fueron codificados en la Ley de Derechos Civiles de 1866 y finalmente elevados a rango constitucional con la Decimocuarta Enmienda en 1868.

La decisión tiene alcance comparado relevante para jurisdicciones que debaten la ciudadanía por nacimiento, reafirmando que criterios basados en territorio y no en filiación son los que consolidan sistemas de ciudadanía inclusivos y estables.