Corte Suprema estadounidense rechaza demandas privadas contra fondos de inversión

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó los esfuerzos de inversores por demandar a una empresa de inversión para rescindir un contrato que aparentemente viola la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, concluyendo que solo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) puede ejercer acciones para hacer cumplir esa norma.

En el caso FS Credit Opportunities Corp. v. Saba Capital Master Fund, una mayoría de seis ministros descartó la existencia de un derecho de acción implícito en la ley federal, fallando que "Congress, not the Judiciary, decides who may enforce the law".

La opinión mayoritaria, redactada por la ministra Amy Coney Barrett, subraya que aunque la Ley de Sociedades de Inversión designa a la SEC como ejecutor principal y expresamente permite que accionistas y emisores hagan valer dos de sus disposiciones, no debe esperarse que la Corte reconozca un derecho implícito para que partes privadas demanden por rescisión de contratos que violen la ley en términos generales.

Barrett enfatizó que el Congreso habitualmente crea derechos de acción de manera explícita mediante lenguaje como "a person aggrieved may institute a civil action". La Corte rechazó el enfoque histórico de permitir que litigantes privados ejecuten estatutos carentes de ese tipo de lenguaje, señalando que "home-grown causes of action are difficult to reconcile with the Constitution's separation of legislative and judicial power".

Respecto de la disposición específica cuestionada —que establece que un tribunal "may not deny rescission at the instance of any party"—, la mayoría concluyó que la frase no implica un derecho a demandar. Barrett razonó que la norma constituye "a mandate directed to courts" y no una "provision that confers a right on a specified class of persons", y que la rescisión en derecho contractual funciona como remedio, no como causa de acción.

Una disidencia suscrita por las ministras Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor —parcialmente acompañada por Elena Kagan— argumentó que la mayoría malinterpretó el texto y la estructura de la ley, y que el historial legislativo demuestra que el Congreso contemplaba un derecho privado de acción. Jackson cuestionó también el rechazo de la mayoría a considerar esa historia legislativa.

La decisión beneficia prácticamente a las empresas de inversión, que ahora enfrentarán menos exposición a litigios privados, limitando la aplicación de la norma a las acciones que inicie la SEC.