Internacional
Corte Suprema de EE.UU. — Derecho internacional
Corte Suprema estadounidense permite demanda de Exxon Mobil contra empresas cubanas por confiscación de bienes
El máximo tribunal de EE.UU. resolvió que la Ley Helms-Burton cancela la inmunidad soberana de Cuba, permitiendo que la petrolera avance en su demanda por más de mil millones de dólares por propiedades confiscadas en 1960.

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que una demanda presentada por Exxon Mobil contra empresas estatales cubanas por la confiscación de bienes de sus filiales puede proseguir en los tribunales federales estadounidenses, descartando la inmunidad soberana que normalmente protege a gobiernos y sus entidades en litigios extranjeros.
La decisión se centró en la interpretación de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba, conocida como Ley Helms-Burton o LIBERTAD Act, promulgada en 1996. Esta ley permite a ciudadanos estadounidenses demandar ante cortes federales a cualquier persona o entidad que "comercialice bienes confiscados por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959".
En la opinión mayoritaria, el tribunal explicó que la Helms-Burton Act cancela la inmunidad que la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por su sigla en inglés) —un estatuto federal que generalmente prohíbe demandas contra gobiernos extranjeros en tribunales estadounidenses— normalmente conferiría a Cuba y sus empresas. 'Superponer un requisito de la FSIA sobre la Ley Helms-Burton frustraría el diseño del Congreso y contravendría directamente los juicios de política exterior del Presidente', sostuvo el tribunal.
Exxon Mobil interpuso la demanda en 2019, cuando la administración Trump suspendió la prohibición presidencial de litigar bajo la Helms-Burton Act. La empresa solicita más de mil millones de dólares, argumentando que tres empresas cubanas han violado la ley al explotar, importar y refinar petróleo crudo, además de operar estaciones de servicio, utilizando propiedades que las filiales de Exxon habían poseído antes de ser confiscadas por el gobierno cubano en 1960.
El tribunal de primera instancia y un panel de apelaciones del Circuito de Columbia habían considerado que la FSIA impedía la demanda. La Corte Suprema revirtió esa decisión, concluyendo que el Congreso, al aprobar la Helms-Burton Act, buscaba eliminar deliberadamente la inmunidad soberana de las agencias y entidades cubanas para proporcionar una vía de reclamo a ciudadanos estadounidenses cuya propiedad fue confiscada.
La disidencia, encabezada por la ministra Elena Kagan y acompañada por las ministras Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, argumentó que nada en el texto de la Helms-Burton Act sugiere una abrogación de inmunidad soberana "con la claridad inconfundible" que exige la ley.
La resolución tiene implicaciones significativas para el derecho internacional público y el régimen de inmunidades soberanas, fijando un criterio sobre cómo las leyes específicas pueden modificar protecciones generales de inmunidad en demandas contra gobiernos extranjeros.
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