Corte Suprema estadounidense evaluará si abogados pueden cobrar honorarios en litigios sobre detención migratoria

La Suprema Corte de Estados Unidos evalúa si debe resolver una disputa fundamental sobre el derecho de abogados a cobrar honorarios cuando litigian contra el gobierno federal en casos de habeas corpus migratorio, un asunto que podría transformar la capacidad de defensa legal en una de las operaciones de encarcelamiento más grandes del país.

En el caso Montoya Palacios v. Liggins, la Corte considera si la Ley de Acceso Equitativo a la Justicia (Equal Access to Justice Act, EAJA) permite que los letrados recuperen honorarios cuando desafían ante tribunales federales la legalidad de la detención de migrantes por parte de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La disputa surge en un contexto de escalada sin precedentes en detenciones migratorias. El gobierno Trump ha convertido la detención en eje de su política migratoria restrictiva. ICE opera aproximadamente 200 centros de detención y, con financiamiento de casi 75 mil millones de dólares aprobado en julio de 2025, detiene actualmente a más de 60.000 personas diarias, comparado con los 40.000 promedio en enero de 2025. En respuesta, abogados litigantes han presentado más de 52.000 peticiones de habeas corpus en cortes federales de todo el país.

El conflicto radica en una división jurisprudencial. Dos circuitos de apelación —el 4° y el 5°— han determinado que los litigios de habeas corpus migratorio no constituyen "acciones civiles" cubiertas por la EAJA, sino procedimientos "híbridos" entre lo penal y lo civil. Otros tres circuitos —el 2°, 3° y 10°— consideran que el habeas corpus es una acción civil que sí da derecho a honorarios.

Esta divergencia genera un efecto crítico: en jurisdicciones del 4° y 5° Circuito, los abogados no pueden recuperar honorarios aunque ganen. Ambos circuitos albergan casi la mitad de los migrantes detenidos por ICE. El 5° Circuito, que comprende Luisiana, Misisipi y Texas, concentra casi el 47 por ciento de la población detenida total —28.180 de 60.311 personas en abril—, con instalaciones que alojan a más de 2.000 detenidos cada una.

En el caso específico, Kevin Isaac Montoya Palacios, ciudadano salvadoreño con protección humanitaria, fue arrestado en diciembre de 2025 durante una cita rutinaria con ICE. Su abogado obtuvo una orden de habeas corpus liberadora, pero el juez negó los honorarios aplicando la posición del 4° Circuito.

La Corte Suprema evaluará el asunto en su conferencia privada del 18 de junio. Si acepta el caso, probablemente argumentará en octubre. La decisión impactará directamente en la disponibilidad de defensa legal: sin posibilidad de honorarios, pocos abogados asumirán estos litigios, dejando sin control judicial la vasta operación de detención de ICE.