Corte Suprema de EE.UU. rechaza demanda de exconvicto por corte de cabello religioso

La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una demanda de un exconvicto de Luisiana que buscaba indemnización tras ser obligado a rasurarse la cabeza en contra de sus creencias religiosas, a pesar de haber presentado a los funcionarios penitenciarios una copia de una sentencia federal que le permitía mantener el cabello largo.

En fallo de 6 votos contra 3, el máximo tribunal estadounidense resolvió en el caso Landor v. Louisiana Department of Corrections que la Ley de Libertad Religiosa de Personas Institucionalizadas (RLUIPA, por su sigla en inglés) no autoriza demandas por daños contra funcionarios penitenciarios individuales, aunque estos hayan recibido fondos federales indirectamente a través del departamento estatal que los empleaba.

La mayoría, encabezada por el ministro Neil Gorsuch, sostuvo que bajo la cláusula de asignación presupuestaria de la Constitución (fundamento de la RLUIPA), "el poder del Congreso para gastar dinero no incluye el poder de regular. Las leyes bajo la cláusula de asignación solo pueden obligar a quienes voluntaria y conscientemente aceptan obligaciones mediante acuerdo con el gobierno federal", requisito que no se cumpliría en este caso.

Los hechos remontaban a diciembre de 2020. El demandante, rastafari que había mantenido sin cortar el cabello durante casi dos décadas por razones religiosas, fue trasladado a la cárcel Raymond Laborde Correctional Center con apenas tres semanas para cumplir su condena. Al ingresar, entregó al personal penitenciario una copia de una sentencia de la Corte de Apelaciones federal que declaraba que la política de Luisiana de cortar el cabello de los rastafaris violaba la RLUIPA. El funcionario desechó los documentos y llamó al director, quien ordenó que lo sujetaran y le rasuran la cabeza completamente.

Tres magistrados disintieron. La ministra Ketanji Brown Jackson argumentó que el fallo dejará "remediables" a prisioneros cuyos derechos religiosos sean violados blatantemente en cárceles estatales, incentivando a los funcionarios penitenciarios a ignorar la ley federal.

La decisión refuerza una línea jurisprudencial estadounidense que limita el alcance de la cláusula de asignación presupuestaria como mecanismo de regulación federal sobre estados y sus funcionarios.