Corte Suprema de EE.UU. permite al gobierno Trump revocar protecciones a sirios y haitianos

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el gobierno federal puede revocar las protecciones migratorias otorgadas a ciudadanos de Haití y Siria bajo el programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), un mecanismo federal que permite a extranjeros permanecer en territorio estadounidense cuando se considera inseguro su regreso a sus países de origen.

En el caso Mullin v. Doe, decidido por votación de 6-3, el máximo tribunal anuló las órdenes de tribunales federales en Washington D.C. y Nueva York que habían impedido que la administración Trump terminara las designaciones de TPS para ambas naciones. La corte determinó que la ley que crea el programa de TPS prohíbe el control judicial sobre las decisiones del secretario de Seguridad Nacional respecto de la terminación de estas designaciones.

El fallo también rechazó el argumento de que la revocación del TPS para Haití —cuyos ciudadanos son mayoritariamente afrodescendientes— constituiría una discriminación inconstitucional por razones raciales. La mayoría, liderada por el ministro Samuel Alito, sostuvo que "el lenguaje de la estatuto que prohíbe revisión judicial es claro, y su significado literal es muy amplio".

El Estatus de Protección Temporal fue creado por el Congreso en 1990 y permite al Departamento de Seguridad Nacional designar ciudadanos de un país como elegibles para permanecer y trabajar en Estados Unidos cuando no pueden regresar de forma segura debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. La designación para Haití se hizo en 2010, tras un terremoto de magnitud 7.0 que mató a más de 300.000 personas. Siria fue designada dos años después por las condiciones de conflicto armado.

La ministra Elena Kagan disintió, acompañada por Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. En su opinión, argumentó que los beneficiarios de TPS "solo piden una cosa: que puedan permanecer en este país mientras continúan litigando sus demandas" y que "no deberían ser expuestos a un daño devastador, incluso que amenaza sus vidas".

La decisión restringe significativamente el control judicial sobre decisiones migratorias de la administración ejecutiva, un precedente relevante en derecho administrativo y migratorio comparado.