Corte Suprema de EE.UU. flexibiliza requisitos para negar reentrada a residentes permanentes

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que los oficiales migratorios no están obligados a contar con "prueba clara y convincente" de que un residente permanente ha cometido un delito descalificante antes de negarle la reentrada al país de manera indefinida.

En el caso Blanche v. Lau, el máximo tribunal estadounidense, en votación de 6-3, sostuvo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no impone este estándar de prueba a los agentes fronterizos cuando toman decisiones rápidas en el puerto de entrada. El voto mayoritario, redactado por el ministro Clarence Thomas, enfatizó que "nada en la Ley de Inmigración" establece esa carga probatoria, que según el tribunal provino de "precedentes inapropiados" de la Junta de Apelaciones de Inmigración.

El caso surge de un encuentro en junio de 2012 entre oficiales migratorios y un residente permanente chino que había sido acusado un mes antes de vender aproximadamente $300.000 en shorts falsificados bajo la ley de Nueva Jersey. Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los residentes permanentes que viajan al extranjero típicamente son admitidos nuevamente de manera automática, a menos que hayan cometido un crimen que implique "depravación moral" —como fraude o robo—. En este caso, los oficiales solo otorgaron "parole" (libertad condicional) al residente en lugar de admitirlo, aplazando la decisión sobre su elegibilidad. Un año después, el acusado se declaró culpable de falsificación de marca, fue condenado a dos años de libertad condicional, y el Departamento de Seguridad Nacional inició procedimientos de remoción.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito había fallado a favor del residente permanente, exigiendo que los oficiales contaran con "prueba clara y convincente" antes de negarle la admisión. La Corte Suprema revirtió esa decisión.

En su disidencia de 17 páginas, la ministra Ketanji Brown Jackson —acompañada por Sonia Sotomayor y Elena Kagan— advirtió que la opinión mayoritaria socava "los beneficios y seguridad" del green card y ha "entregado al Gobierno un cheque en blanco masivo". Jackson enfatizó que la "demotión" del estatus de residente permanente conlleva riesgos serios: detención inmediata, pérdida de la tarjeta verde y de capacidad laboral, todo ello "únicamente sobre la base de" un acta de acusación, sin que se haya probado culpabilidad alguna.