Corte Interamericana reconoce derecho a clima estable y revoluciona prueba en litigio climático

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC-32/25 en 2025, estableciendo el derecho a un clima estable como garantía autónoma y restructurando radicalmente el procedimiento en litigios climáticos a través de innovaciones que invierten cargas de prueba, presumen nexos causales entre emisiones estatales y daño climático, y obligan a los estados a facilitar evidencia satelital a las víctimas.

La Opinión se inscribe en una trayectoria que comenzó en 2017, cuando la Corte reconoció mediante OC-23 el derecho a un ambiente sano como garantía independiente bajo la Convención Americana. El caso contencioso La Oroya contra Perú consolidó ese estándar en la práctica al establecer que la contaminación ambiental severa genera riesgo sistémico a la vida, la salud e integridad física. OC-32/25 representa el tercer escalón y el más ambicioso de esta evolución.

La Opinión caracteriza la crisis climática como un problema de derechos humanos que afecta desproporcionadamente a poblaciones marginalizadas. Identifica América Central, la Amazonía, el Caribe y los Andes como zonas de riesgo existencial. Según datos citados, en 2021 la región registraba 17,1 millones de personas desplazadas internamente por causas relacionadas con el clima, mientras el 1% más rico generó 92% de las emisiones de CO₂ per cápita en 2019, frente a 0,27% del 50% más pobre. Pueblos indígenas y comunidades tradicionales son afectados desproporcionadamente.

De la garantía de ambiente sano, la Corte deriva un nuevo derecho autónomo: el derecho a un clima estable, definido como el derecho a vivir en un sistema climático libre de interferencia antropogénica peligrosa. Los estados quedan obligados a estándares de diligencia debida reforzada, incluyendo evaluaciones de impacto ambiental con análisis específico de emisiones de gases de efecto invernadero, y fijación de metas progresivas de reducción calibradas según la mejor ciencia disponible. El consenso científico del IPCC es tratado como referente legal explícito.

Las cuatro innovaciones procedimentales resultan transformadoras: la Corte invierte la carga de justificación, otorgando al estado la obligación de probar cualquier negación de acceso a información; presume el nexo causal entre emisiones estatales y degradación climática según evaluaciones del IPCC; autoriza demostrar exposición a riesgos significativos sin necesidad de probar causalidad individualizada para cada daño; y exige que los estados garanticen acceso a evidencia satelital, reconociendo que las herramientas técnicas del litigio climático resultan inaccesibles para las comunidades afectadas.

Aunque la Opinión no es autoejecutable y requiere invocación y desarrollo caso a caso ante la Corte, la Comisión y tribunales nacionales, redefine el marco jurídico para el litigio ambiental en toda América.