Corte estadounidense cierra acceso a demandas por violaciones internacionales

La Corte Suprema de Estados Unidos dictó cinco sentencias el martes que muestran una tendencia restrictiva en materia de derechos procesales internacionales y protecciones constitucionales de grupos vulnerables.

En el fallo más significativo para el derecho internacional, la Corte resolvió que la Ley de Demandas por Actos de Extranjeros (Alien Tort Statute), una norma de 1789 que ha permitido a demandantes extranjeros accionar en tribunales estadounidenses por violaciones graves del derecho internacional, solo autoriza demandas basadas en un conjunto muy limitado de reclamaciones que el Congreso contemplaba originalmente. Asimismo, la Corte determinó que la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act) de 1991 no permite acciones por complicidad en torturas.

En otro caso, Exxon Mobil v. Corporación Cimex, la Corte permitió que demandas contra empresas estatales cubanas por confiscación de activos procedieran adelante, al establecer que la Ley Helms-Burton cancela la inmunidad que normalmente posee el gobierno cubano.

En materia de derechos de residentes permanentes, la Corte, en votación 6-3, resolvió que los oficiales de migración no requieren "prueba clara y convincente" de que un residente permanente (portador de green card) ha cometido un delito descalificante antes de negarle la reentrada al país. Por otra parte, en Landor v. Louisiana Department of Corrections, también con voto 6-3, rechazó que prisioneros puedan demandar a funcionarios penitenciarios por daños tras violaciones a derechos religiosos, a pesar de existir sentencia que autorizaba al demandante mantener cabello largo por motivos de fe.

Finalmente, la Corte descartó que la ejecución de venta forzada de inmuebles por impuestos impasos viole las cláusulas de toma de propiedad (Fifth Amendment) ni de multas excesivas (Eighth Amendment).

Las decisiones reflejan un fortalecimiento de facultades del Estado en control migratorio y penitenciario, así como una restricción del acceso a tribunales estadounidenses para reclamaciones por violaciones internacionales, con implicaciones para el litigio transnacional de derechos humanos.