Corte de Justicia de la UE amplía protección de derechos fundamentales más allá del alcance tradicional

La Corte de Justicia de la Unión Europea ha sentado un precedente significativo al ampliar el alcance de la protección de derechos fundamentales en el ordenamiento europeo. En el caso Commission v Hungary, el tribunal determinó que los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea definen "la identidad misma de la Unión como un ordenamiento jurídico común de una sociedad en la que prevalece el pluralismo".

La decisión es trascendental porque extiende la revisión de derechos fundamentales de la UE más allá del ámbito tradicional establecido en el artículo 51(1) de la Carta de Derechos Fundamentales. Mientras que la Carta aplicaba solo cuando los Estados miembros implementaban derecho de la Unión, la sentencia permite que los valores del artículo 2 TEU sean aplicados a cualquier medida nacional, sin esa limitación.

El fallo reconoce que una infracción "manifiesta y particularmente grave" de los valores fundamentales de la UE puede constituir una violación del artículo 2 TEU, independientemente de si hay aplicación directa de la Carta. Esto implica que vulneraciones de derechos como la dignidad humana, la esencia de derechos específicos o interferencias particularmente serias con derechos recogidos en la Carta pueden ser examinadas como potenciales brechas de los valores fundacionales europeos.

La decisión se articula sobre la doctrina del "Reverse Solange", desarrollada en la literatura jurídica europea, que invierte la lógica tradicional de control constitucional: no solo la UE debe respetar los derechos fundamentales nacionales, sino que ahora todos los Estados miembros deben cumplir con los estándares mínimos derivados del artículo 2 TEU. Esta presunción de respeto a los valores solo puede ser rebatida ante una violación seria y manifiesta.

Para el derecho comparado y constitucional, el fallo representa una evolución hacia un enfoque más axiológico del derecho de la UE, donde los valores compartidos se convierten en herramientas efectivas de protección de derechos fundamentales. La sentencia abre la puerta a que los tribunales nacionales de cualquier Estado miembro evalúen si la protección de derechos fundamentales en su jurisdicción se ajusta a los principios europeos, consolidando un diálogo judicial vertical y horizontal que refuerza la democracia constitucional europea.