Corte de EE.UU. comete error jurídico en fallo sobre asilo que debilita tribunales migratorios

La Corte Suprema de Estados Unidos cometió un error jurídico grave en su reciente decisión sobre asilo que amenaza el funcionamiento de los tribunales migratorios estadounidenses. La sentencia en Mullin v. Al Otro Lado, redactada por el ministro Samuel Alito, malinterpreta el marco legal del Acta de Inmigración y Nacionalidad al ampliar indebidamente las facultades de los agentes fronterizos para expulsar solicitantes de asilo.

Según el análisis de juristas especializados, el voto mayoritario invierte la estructura básica que rige las decisiones en los cruces fronterizos terrestres. El tribunal sugiere que los agentes de migración deben expulsar rápidamente a la mayoría de las personas que carecen de documentación válida, sin intervención de los tribunales de inmigración. Sin embargo, esto distorsiona el texto legal.

El error central radica en la lectura selectiva de la norma sobre "remoción acelerada" (expedited removal). Alito sostiene que cualquier persona considerada "inadmisible" por razones de seguridad nacional, política exterior o antecedentes criminales debe ser removida sin audiencia. Pero el estatuto limita esta vía expedita solo a migrantes que falsificaron documentos o carecen de pasaporte válido. Alito ignoró la mitad de la disposición legal que restringe esta facultad.

Esta malinterpretación genera consecuencias severas. Coloca a los agentes fronterizos como árbitros legales principales y relega los tribunales de inmigración a un rol marginal. Los jueces de inmigración, como decisores neutrales, son quienes deben desarrollar el expediente y permitir apelaciones. Los agentes en las oficinas fronterizas, bajo presión y sin tiempo, no pueden efectuar evaluaciones legales precisas sobre cuestiones de vida o muerte.

Jonathan Weinberg, profesor de Derecho en la Universidad Wayne State, advierte que la decisión "permitiría que funcionarios fronterizos expulsen a cualquiera que intente entrar y le imponga una prohibición de cinco años sin fundamento legal".

La sentencia refleja un malentendido fundamental sobre cómo funciona el proceso migratorio estadounidense. Si la mayoría hubiese comprendido correctamente este mecanismo, habría sido más cautelosa al otorgar poder discrecional a agentes fronterizos para tomar decisiones de envergadura sin revisión judicial independiente.

Esta decisión tiene implicaciones para el derecho comparado constitucional, particularmente respecto del debido proceso y acceso a la justicia en procedimientos migratorios.