Corte británica revierte fallo que anuló proscripción de grupo activista por derechos humanos

La Court of Appeal del Reino Unido revirtió esta semana la decisión de la High Court que en febrero de 2026 había declarado ilegal la proscripción de Palestine Action, un grupo activista especializado en acciones de protesta directa contra la cooperación militar y el comercio de armas con Israel.

La proscripción del grupo ocurrió en julio de 2025, tras una irrupción en la base aérea de RAF Brize Norton en la que miembros del colectivo dañaron aviones militares mediante pintadas y artefactos pirotécnicos. La prohibición se fundó en el Terrorism Act 2000, que confiere amplias facultades al Secretario de Estado para el Interior (Home Secretary) a fin de proscribir cualquier organización que considere vinculada con actividades terroristas.

La High Court había estimado que la proscripción era desproporcionada respecto de las actividades reales del grupo —daño a la propiedad mediante pintadas y smoke bombs— y que violaba los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (libertad de expresión y asociación). Un integrante destacado del grupo, Huda Ammori, había impugnado exitosamente la medida en esa instancia.

La Court of Appeal, integrada por cinco jueces, rechazó los argumentos de Ammori y revirtió el fallo anterior. En su análisis, el tribunal otorgó una deferencia extrema a la evaluación de seguridad nacional realizada por el ejecutivo, citando la sentencia ABJ del UK Supreme Court, que enfatiza que el balance entre libertad de expresión y lucha antiterrorista corresponde primariamente a las autoridades electas y que la supervisión judicial debe respetar un "amplio margen de apreciación" (margin of appreciation) del gobierno.

El tribunal rechazó además la caracterización del grupo como de "desobediencia civil no violenta" y destacó el uso de artefactos pirotécnicos y martillos en sus acciones, concluyendo que Palestine Action promueve "violencia ilegal que constituye terrorismo".

La decisión ilustra una tendencia en el derecho antiterrorista británico: la aplicación de normativa diseñada para amenazas extremas a movimientos de protesta política, con una supervisión judicial que, pese a mantener formalmente su rol de árbitro final, opera con márgenes de revisión tan estrechos que equivalen a una ficción legal.