Cómo mueren los precedentes judiciales antes de ser formalmente derogados

La Corte Suprema de Estados Unidos no siempre derroga formalmente sus precedentes. Frecuentemente, la autoridad de una sentencia se disuelve de manera gradual a través de años de crítica, distinción, confinamiento a sus hechos específicos o reemplazo por nuevas doctrinas, proceso que culmina cuando el tribunal declara públicamente que el precedente ha sido "abandonado".

Este fenómeno quedó ilustrado en el caso Lemon v. Kurtzman (1971), que estableció un test de tres partes para evaluar si una acción gubernamental violaba la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda. Durante décadas, la Corte invocó, revisó, eludió y criticó el enfoque de Lemon. Formalmente, la sentencia permanecía en los registros y los abogados la citaban; los tribunales inferiores debían considerarla. Sin embargo, el centro gravitacional de la doctrina se desplazó progresivamente. Cuando en 2022 la Corte declaró en Kennedy v. Bremerton School District que hacía mucho tiempo había "abandonado" Lemon, simplemente confirmó un proceso que ya era visible en la jurisprudencia de años anteriores.

Este mecanismo no es exclusivo de Lemon. Otros precedentes experimentan erosiones variadas: algunos son estrechados, otros confinados a sus circunstancias fácticas, algunos reemplazados por líneas doctrinales posteriores. El análisis de citaciones —conteos de referencias positivas y negativas— permite rastrear estos patrones. Por ejemplo, Bivens v. Six Unknown Named Agents (1977), que permite demandar a oficiales federales, acumula más de 38.000 citas pero mantiene una baja proporción de referencias negativas respecto del total (1,7%), lo que refleja su confinamiento sin revocación formal. Employment Division v. Smith, en contraste, presenta la tasa más alta de tratamiento negativo (13,4%) entre los casos estudiados.

Algunos precedentes completaron diferentes trayectorias de declive. Abood v. Detroit Board of Education, que permitía cobrar cuotas sindicales a empleados del sector público no afiliados, fue derogado formalmente mediante Janus v. AFSCME (2018) tras años de crítica desde la propia Corte. Korematsu v. United States, que había permitido el internamiento de ciudadanos estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, fue repudiado como careciente de "lugar alguno en la ley bajo la Constitución".

Este análisis revela que la transformación jurisprudencial ocurre frecuentemente antes de que el tribunal pronuncie formalmente la palabra "derogado", proceso particularmente visible cuando la propia Corte lidera la erosión doctrinaria mediante pronunciamientos críticos sucesivos.