Cómo el Congreso estadounidense responde a fallos de la Corte Suprema

El Congreso de Estados Unidos posee herramientas constitucionales para limitar o revertir el impacto de decisiones de la Corte Suprema, aunque su uso ha disminuido significativamente en las últimas décadas. Un análisis publicado por SCOTUSblog destaca que, si bien el máximo tribunal estadounidense marca la interpretación final de la Constitución, el Poder Legislativo puede aprobar nuevas leyes o enmiendas constitucionales para contrarrestar fallos que considere problemáticos.

La investigación muestra que las respuestas legislativas a sentencias del máximo tribunal fueron práctica común en el siglo XIX y XX, pero su frecuencia ha caído considerablemente desde 1998. El procedimiento más directo es la aprobación de una ley que modifique el estatuto interpretado por la Corte; alternativamente, el Congreso puede proponer una enmienda constitucional, aunque esta requiere ratificación de al menos 38 estados para entrar en vigor.

El artículo examina tres casos emblemáticos. El primero es "Dred Scott v. Sandford" (1857), considerado uno de los peores fallos de la historia judicial estadounidense, que negó ciudadanía a afroamericanos y declaró inconstitucional la Prohibición de Misuri. El Congreso respondió durante la Guerra Civil mediante la 13ª Enmienda (que abolió la esclavitud) y la 14ª Enmienda (que garantizó la ciudadanía e igual protección legal), ambas ratificadas entre 1865 y 1868.

Otro ejemplo relevante es la "Religious Freedom Restoration Act" (RFRA) de 1993, aprobada en respuesta al fallo de 1990 en "Employment Division v. Smith", que limitó las protecciones de la Primera Enmienda para prácticas religiosas. La RFRA restauró el test del "interés imperioso", obligando al gobierno a justificar las cargas sobre el ejercicio religioso. Sin embargo, en 1997 la Corte limitó su alcance a las leyes federales, ilustrando que el Congreso no siempre obtiene la última palabra.

Un caso más reciente es "Ledbetter v. Goodyear Tire & Rubber Co." (2007), donde la Corte Suprema restringió el plazo para demandar por discriminación salarial. El Congreso respondió con la "Lilly Ledbetter Fair Pay Act", extendiendo el período para presentar reclamaciones por igual remuneración.

El análisis señala que, en la era actual, la productividad legislativa estadounidense ha alcanzado mínimos históricos. El Congreso emitió solo 362 votos en 2025 —el segundo menor en 25 años—, y el 118º Congreso (2023-2025) aprobó solo 274 leyes, la cifra más baja desde la Guerra Civil. Esta parálisis legislativa sugiere que es poco probable que el Congreso responda a recientes fallos sobre redistritación electoral o derechos de voto.