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Contraloría General de la República

Publicaciones en redes sociales cuestionadas

Contraloría instruye a SEGEGOB iniciar sumario por publicaciones en redes sociales que no cumplieron estándares

El organismo advirtió uso de lenguaje impreciso, ordenó medidas correctivas y exigió iniciar un proceso disciplinario para determinar responsabilidades.

Por Elke von Loebenstein·30 de abril de 2026·1 min de lectura
Contraloría instruye a SEGEGOB iniciar sumario por publicaciones en redes sociales que no cumplieron estándares
Imagen referencial

La Contraloría General de la República, tras denuncias recibidas por una serie de publicaciones en redes sociales dirigidas a la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) a fines de marzo, emitió un pronunciamiento respecto de la situación, abordando el uso de plataformas digitales por parte de organismos públicos.

En su análisis jurídico, la Contraloría señaló que si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y emplear términos cotidianos para facilitar la comprensión, dichas comunicaciones deben ajustarse a ciertos principios y a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.896, en orden a difundir información sobre cómo acceder a prestaciones públicas o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales, cuando resulte necesario publicitarlas.

Respecto del lenguaje utilizado en las publicaciones cuestionadas, el órgano contralor indicó que el servicio no pudo “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados”, agregando que el propio ministerio reconoció que las expresiones utilizadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía.

En ese contexto, se consignó que el contenido fue retirado, atendida la falta de adecuación a los parámetros requeridos para este tipo de comunicaciones institucionales.

A partir de lo anterior, la Contraloría ordenó adoptar medidas destinadas a evitar la reiteración de comunicaciones imprecisas, instruyendo además el inicio de un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, cuyo avance deberá ser informado al organismo dentro del plazo de cinco días hábiles.

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