Contraloría detecta irregularidades por $1.847 millones en Corporación Municipal de Castro

La Contraloría Regional de Los Lagos detectó irregularidades financieras por más de $1.847 millones en la Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor (CMC), tras una investigación especial originada en una denuncia ciudadana bajo reserva de identidad.

El hallazgo más significativo se refiere a pagos realizados a empresas externas contratadas para recuperar subsidios asociados con licencias médicas. Según constató el órgano de control, estos pagos no estaban registrados por la corporación en sus sistemas internos, mientras que en otros casos los datos de identidad de los proveedores y la información que ellos reportaban presentaban inconsistencias.

Además de los pagos irregulares, la CMC enfrenta 11 juicios ejecutivos originados en el cobro de facturas que fueron cedidas a empresas de factoring por un total de $833 millones. Estas facturas, según la Contraloría, no contaban con el respaldo efectivo de sus prestaciones, lo que evidencia una desconexión entre los servicios facturados y los realmente ejecutados.

La investigación, consignada en el Informe Fiscal N°22 de 2026, también identificó diferencias entre los registros internos de la CMC y los antecedentes entregados por las empresas proveedoras. Adicionalmente, se detectaron facturas con inconsistencias respecto de los registros que obra en poder del Servicio de Impuestos Internos, lo que sugiere una posible manipulación documental o registro deficiente de las transacciones.

Como consecuencia de estos hallazgos, la Contraloría General ha formulado un reparo por más de $1.847 millones en contra de la Corporación Municipal de Castro. Este reparo constituye un acto administrativo vinculante que obliga a la institución auditada a acatar las observaciones y adoptar medidas correctivas.

Los antecedentes derivados de la investigación serán remitidos al Ministerio Público para que evalúe la existencia de eventuales delitos; al Consejo de Defensa del Estado, que tendrá competencia para determinar responsabilidades civiles y administrativas; y al Servicio de Impuestos Internos, para que analice posibles incumplimientos tributarios. La CGR ha puesto así en marcha los mecanismos de control administrativo y penal que corresponden ante irregularidades de esta envergadura en una institución municipal.