Contraloría deja en manos de Subsecretaría de Educación Superior eventual modificación y nueva prórroga del proyecto de infraestructura del CFT Metropolitano

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta formulada por la Subsecretaría de Educación Superior respecto de la procedencia de modificar el proyecto original de infraestructura del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región Metropolitana, financiado con recursos de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2019, así como de otorgar una tercera prórroga a su plazo de ejecución.

La solicitud se originó a partir del Informe Final N° 509, de 2024, emitido por la Contraloría, en el cual se detectó que se mantenían empozados recursos por $5.200 millones destinados a la construcción del edificio institucional y su equipamiento, requiriéndose antecedentes que acreditaran la planificación financiera y de obras, junto con un plan de trabajo dentro del plazo indicado. En ese contexto, la subsecretaría consultó si resultaba jurídicamente procedente introducir modificaciones al proyecto y ampliar nuevamente su ejecución.

Requerido de informe, el propio CFT indicó que la consulta decía relación con aspectos de mérito y oportunidad propios de la Administración, sosteniendo que no existiría impedimento para acceder a la modificación ni para conceder una nueva prórroga, y que la subsecretaría no debería cuestionar decisiones adoptadas dentro del ámbito de su autonomía institucional. A su vez, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda señaló que cualquier decisión debía ejecutarse conforme a la normativa presupuestaria vigente en el año 2019, ejercicio con cargo al cual se efectuó la transferencia de recursos.

Desde el punto de vista jurídico, la Contraloría recordó que el CFT es una persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada y con patrimonio propio, conforme a la ley N° 20.910, cuyo financiamiento incluye los aportes asignados anualmente por la Ley de Presupuestos. Asimismo, precisó que la normativa presupuestaria del año 2019 establece que los saldos no utilizados deben reintegrarse a Rentas Generales de la Nación, salvo que los actos o convenios respectivos se encuentren vigentes o hayan sido prorrogados, hipótesis en la cual los recursos continúan afectos al fin para el cual fueron otorgados.

En ese marco, recordó que, mediante la resolución exenta de 2019 de la Subsecretaría de Educación Superior, se aprobó el proyecto inicial de inversión del CFT y que, por decreto de 2019, del Ministerio de Educación, se distribuyeron $5.200 millones para la ejecución del edificio institucional y su equipamiento. Dicho decreto fue modificado posteriormente por decretos de 2021 y de 2024, prorrogando el plazo de ejecución hasta completar un total de 72 meses, cuyo vencimiento quedó fijado para el 27 de diciembre de 2025.

Posteriormente, mediante oficio de 2025, el CFT solicitó una modificación del proyecto original de infraestructura y una tercera prórroga por 24 meses adicionales. Entre los fundamentos expuestos se indicó la inviabilidad del diseño inicialmente aprobado, el aumento de los costos de construcción, los atrasos derivados de la pandemia de COVID-19 y la necesidad de reformular el proyecto para adecuarlo a un enfoque territorial que considere crecimiento demográfico, conectividad y demanda laboral local. La institución agregó que la reformulación no implicaría un mayor gasto y que se han utilizado $925.184.400 en infraestructura transitoria.

La Contraloría subrayó que los CFT estatales se financian principalmente con recursos públicos y que, conforme a los principios de eficiencia y eficacia, el Ministerio de Educación tiene el deber de supervisar la correcta y oportuna ejecución de los fondos transferidos. En ese sentido, los recursos deben emplearse estrictamente en el fin previsto, asegurando una educación de calidad de acuerdo con el proyecto de desarrollo institucional.

El órgano de control advirtió que la resolución de 2025, de la Subsecretaría de Educación Superior —que reemplazó a la resolución de 2020— contempla la posibilidad de modificar los proyectos de infraestructura bajo determinadas condiciones. En consecuencia, concluyó que corresponde a la subsecretaría ponderar la autorización de la modificación del proyecto y la eventual concesión de una nueva prórroga.

No obstante, indicó que dicha decisión deberá considerar el extenso tiempo transcurrido desde la transferencia de los recursos, la demora acumulada tanto en la ejecución del proyecto como en la reciente propuesta de reformulación —ocurrida casi seis años después—, así como el hecho de que ya se ha invertido más de $925 millones en infraestructura transitoria, lo que podría configurar una vulneración a los deberes de eficiencia y eficacia y afectar el correcto uso de los recursos públicos.

Finalmente, la Contraloría señaló que, de aprobarse la modificación solicitada, la Subsecretaría de Educación Superior deberá dar estricto cumplimiento a lo instruido en el Informe Final N° 509, de 2024, resguardando el debido uso del saldo de los recursos mediante una adecuada planificación financiera y de obras y un plan de trabajo idóneo, además de verificar que el monto ya ejecutado en infraestructura transitoria haya sido correctamente rendido.

Vea Dictamen CGR Nº E216376N25.