Reforma a la justicia civil: un desafío pendiente, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo

Chile ha experimentado una ola de modernización en su sistema judicial desde principios de los 2000, abarcando áreas como la justicia penal, familiar, laboral, tributaria y ambiental. Sin embargo, la justicia civil ha quedado rezagada, manteniendo un Código de Procedimiento Civil que data de 1902, señala la publicación “Reforma a la justicia civil: un desafío pendiente”, del Instituto Libertad y Desarrollo.

A pesar de ser considerada como prioritaria por ser el estatuto general y supletorio de los demás procesos, la reforma al Procesal Civil, propuesta en 2012 durante el primer gobierno del Presidente Piñera, aún no se concreta. Esta situación coloca a Chile en desventaja frente a otros países latinoamericanos como Honduras, Brasil y Colombia, que ya han modernizado sus marcos procesales civiles.

La falta de actualización en la justicia civil no es un asunto menor. Tiene consecuencias económicas tangibles: Retrasa la ejecución de sentencias. Aumenta la incertidumbre en el cumplimiento de contratos y desalienta la inversión

Estos factores actúan como una «permisología ex post», un obstáculo invisible que, si bien no impide el inicio de proyectos, se incorpora en la evaluación de riesgos de los inversionistas.

El sistema actual, caracterizado por ser escriturado, formalista y lento, presenta múltiples problemas que obstaculizan una resolución ágil y efectiva de los conflictos.

Entre los principales problemas se destacan:

• Excesiva dependencia de escritos: El proceso se basa principalmente en documentación escrita, lo que ralentiza los procedimientos.

• Rigidez en los plazos : La inflexibilidad temporal dificulta la adaptación a las necesidades de cada caso.

• Amplitud de vías recursivas : La existencia de numerosas opciones para apelar decisiones extiende aún más los procesos.

Un punto particularmente crítico es la ejecución de sentencias. Los juicios ejecutivos, que incluyen cobros de pagarés, letras y deudas, representan la mayor parte de la carga de trabajo en los tribunales civiles. Esta situación genera una congestión significativa en el sistema, retrasando la tramitación de otros procesos y creando una paradoja donde incluso una sentencia favorable puede tardar mucho tiempo en materializarse.

El modelo actual requiere la intervención del juez en gestiones de carácter meramente administrativo, como embargos o requerimientos de pago. Esta práctica resta eficiencia al sistema y multiplica innecesariamente la carga judicial.

Como consecuencia, el sistema actual desincentiva el uso de la justicia civil como vía de resolución de conflictos. Su lentitud y complejidad lo hacen poco atractivo, especialmente para las personas y las pequeñas empresas. En términos prácticos, una justicia lenta se traduce en una justicia cara: el costo de esperar años por un resultado efectivo se convierte en un obstáculo significativo para quienes no cuentan con recursos para sostener litigios prolongados.

Esta situación plantea la urgente necesidad de una reforma integral del sistema de justicia civil en Chile, que permita agilizar los procesos, reducir la carga administrativa de los jueces y hacer más accesible la justicia para todos los ciudadanos.

La postergación de la reforma procesal civil en Chile tiene efectos económicos tangibles: Erosiona la confianza en la ejecución de contratos. Encarece el financiamiento y limita el acceso a la justicia de los actores más pequeños.

Este escenario consolida un sistema donde litigan casi exclusivamente los grandes acreedores institucionales, dejando en desventaja a las pequeñas y medianas empresas.

Ante este escenario, se plantean dos posibles vías de acción:

• Retomar la tramitación de la reforma de 2012, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado o discutir una «ley corta» con medidas inmediatas para aliviar los problemas más urgentes mientras se tramita una reforma más integral del sistema de justicia civil en Chile.

• El Congreso está tramitando una reforma integral al sistema de justicia civil, compuesta por tres proyectos de ley que prometen modernizar y agilizar los procesos judiciales, que busca reemplazar el actual Código de Procedimiento Civil, vigente desde 1902, por un nuevo marco legal adaptado a las necesidades del siglo XXI.

Los tres proyectos en trámite son: Nuevo Código Procesal Civil (principal).

Modificación de la estructura orgánica de los tribunales civiles (Boletín N° 14.821-07). Regulación de la mediación civil y comercial (Boletín N° 14.817-07)

El nuevo Código Procesal Civil propone cambios fundamentales:

a. Oralidad e inmediación: Establece audiencias con presencia obligatoria del juez, reduciendo la dependencia de escritos.

b. Impulso judicial: Otorga al juez la facultad de dirigir el procedimiento y evitar paralizaciones.

c. Sana crítica: Establece este criterio para la valoración de pruebas.

d. Plazos más breves: Obliga a dictar sentencia en diez días tras la audiencia de juicio.

e. Procedimientos simplificados: Instaura juicios ordinarios, sumarios y monitorios para distintos tipos de causas.

f. Recursos racionalizados: Reduce las instancias de apelación y fusiona la casación en forma con la apelación.

g. Reforma de la ejecución: Rediseña el proceso ejecutivo, liberando recursos judiciales y agilizando el cobro de deudas.

h. Mediación obligatoria: Incorpora la mediación como etapa previa en ciertos asuntos.

Expertos señalan que la implementación de un nuevo sistema procesal es un proceso complejo que requerirá una etapa gradual de instalación, inversión en infraestructura y capacitación de personal judicial, lo que demandará tiempo y recursos públicos significativos.

La aprobación e implementación de estos proyectos promete dotar al sistema judicial chileno de una arquitectura institucional moderna, mejorando la eficiencia y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

En un esfuerzo por mejorar la eficiencia del sistema judicial chileno, se ha propuesto una «ley corta» de reforma procesal civil como medida transitoria mientras se tramita una reforma integral más amplia. Esta iniciativa busca implementar ajustes inmediatos para agilizar y reducir los costos de los juicios civiles.

Las principales medidas propuestas en esta «ley corta» incluyen:

a) Notificaciones electrónicas: Eliminar las notificaciones por receptor durante el juicio, manteniendo solo la notificación física para la demanda y la sentencia.

b) Flexibilización de la prueba testimonial: Permitir que los testimonios se realicen fuera de los tribunales, ante receptores o notarios.

c) Reorganización de las Cortes de Apelaciones: Reemplazar el sistema de tablas múltiples por una especialización por salas.

d) Regulación de costas: Establecer normas más claras y eficientes para prevenir incidentes dilatorios o acciones abusivas.

e) Simplificación de exhortos: Eliminar trámites que requieren exhortos, como las notificaciones fuera de la jurisdicción del tribunal.

Estas modificaciones afectarían tanto al Código Orgánico de Tribunales como al Código de Procedimiento Civil, con el objetivo de simplificar trámites y dar mayor certeza a los litigantes.

La propuesta de esta «ley corta» surge como una solución intermedia mientras se avanza en la aprobación de una reforma procesal civil integral, que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso. Se espera que estas medidas puedan implementarse rápidamente, proporcionando beneficios inmediatos al sistema judicial y a los ciudadanos que acuden a los tribunales civiles.

Vea publicación “Reforma a la justicia civil: un desafío pendiente”.