Mujeres indígenas privadas de libertad: una deuda pendiente en Tarapacá, por Gabriel Carrión Calderón

La realidad carcelaria en nuestro país es una de las situaciones preocupantes que nos toca relevar como funcionarios públicos y promotores / defensores de los Derechos Humanos. Así, en mi rol como Defensor Regional de Tarapacá de la Defensoría Penal Pública, he sido testigo vívido de vulneraciones que enfrentan las mujeres indígenas privadas de libertad en nuestra región. Esta situación no solo refleja las falencias del sistema penal desde sus diversas vertientes, sino también una deuda histórica con los pueblos originarios de nuestro norte grande y que forman parte activa de la cultura, las tradiciones, el comercio y la identidad nacional.

Según los registros de la Defensoría Regional de Tarapacá, el año 2024 se ingresaron un total de 1352 causas con usuarios y usuarias indígenas. De ese total, 640 personas quedaron privadas de su libertad. Y, del total de personas identificadas con pueblos originarios que ingresaron en prisión preventiva, 223 fueron mujeres. En Tarapacá, la sobrerrepresentación es evidente: mientras que a nivel nacional las mujeres representan el 7,3% de la población penal, en nuestra región alcanzan el 17%. Además, el 45% de las personas privadas de libertad en Tarapacá son extranjeras, muchas de ellas mujeres indígenas migrantes provenientes de Perú y Bolivia.

Estas mujeres, en su mayoría, se identifican con los pueblos originarios aimara y quechua. Además, de este grupo de mujeres, aquellas que no son chilenas llegan a nuestro país con el objetivo de buscar mejores condiciones económicas para sustentar las necesidades de sus grupos familiares en su país de origen o, como pretendemos afirma, son verdaderas víctimas de las redes transnacionales del crimen organizado.