“Inteligencia Económica: no perdamos la oportunidad”, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo

Chile se encuentra en una encrucijada frente a una creciente crisis de seguridad, marcada por la consolidación de la criminalidad organizada transnacional. Este fenómeno se ve agravado por factores que hacen al país atractivo para grupos criminales: Una plataforma comercial desarrollada. Alto nivel de ingresos para la región. Vulnerabilidades institucionales

Estos elementos han propiciado el desarrollo de diversos mercados criminales, incluyendo: Narcotráfico, Secuestro, Tráfico de migrantes, Extorsión

En seguida, la publicación señala que el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, si bien apunta en la dirección correcta, presenta deficiencias significativas: Falta de claridad en el marco jurídico aplicable. Ambigüedad en la organización administrativa. Indefinición de los resultados esperados.

Luego la publicación propone enfocar el proyecto en hacer más eficiente el análisis de la información que posee el Estado. Este sistema debería constituirse como un ecosistema de análisis de información y tratamiento de datos personales. Integrarse por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas y funcionar en dimensiones preventiva y reactiva. De manera autónoma (preventiva) debiera identificar brechas de seguridad, desarrollar matrices de riesgo, analizar amenazas vinculadas a actividades criminales. En su dimensión reactiva debiera responder a solicitudes específicas del Sistema de Inteligencia del Estado, Ministerio Público y otros órganos estatales.

La publicación refiere también a las restricciones y salvaguardas que deben establecerse para este organismo. Así, un uso limitado a información de organismos estatales y fuentes abiertas. Prohibición de dirigir investigaciones sobre hechos constitutivos de delito y el carácter secreto de toda la información y análisis.

Concluye la publicación señalando que para que este sistema tenga un impacto positivo en la lucha contra el crimen organizado, es crucial delimitar claramente su actividad con la del Ministerio Público y el Sistema de Inteligencia del Estado. Evitar redundancias y contradicciones. Gestionar los datos estatales como un activo para la toma de decisiones. Orientar la política pública hacia la prevención, anticipación y defensa del Estado de Derecho.

La modernización del Estado en materia de seguridad requiere un enfoque integral que ponga las capacidades analíticas al servicio de la protección del régimen democrático y el combate efectivo al crimen organizado, concluye la publicación.

Vea texto “Inteligencia Económica: no perdamos la oportunidad” de Instituto Libertad & Desarrollo.