Tribunal Supremo de España avala prohibición de mascotas en tribunales de justicia

El Tribunal Supremo de España confirmó la legalidad de la normativa que impide el ingreso de animales de compañía a recintos judiciales. La decisión surge a raíz de la impugnación presentada por un abogado que intentó acceder a unos juzgados acompañado por su perro de raza caniche, ingreso que le fue denegado. El fallo ratifica la validez del acuerdo que estableció dicha restricción, una directriz que contaba con el respaldo formal del Consejo General del Poder Judicial.

En su argumentación, determinó que la prohibición es una medida precisa, pertinente y ajustada a derecho, desestimando de plano que exista una vulneración a las normativas de protección animal. Los magistrados indicaron que el ambiente habitual de un tribunal, caracterizado por un alto nivel de tránsito de personas y situaciones de estrés, resulta inapropiado para los animales de compañía, por lo que la restricción operaraba de manera complementaria como un mecanismo para resguardar el bienestar animal.

En la misma línea, la sentencia hace hincapié en la necesidad de asegurar condiciones de seguridad, calma y tranquilidad para los ciudadanos que asisten a tribunales. El fallo enfatiza que los edificios judiciales albergan el desarrollo de funciones de especial relevancia constitucional, escenarios en los cuales pueden verse afectados los derechos fundamentales de terceros que acuden a dichas instalaciones, motivo por el cual el ejercicio de derechos individuales debe someterse a normas básicas de convivencia aplicables a los espacios públicos.

Respecto al estatus legal de los animales, el Tribunal Supremo analizó los alcances de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Remarcó que el objetivo de esta norma es regular la dignidad de los animales en su calidad de seres sintientes y modular los derechos que las personas pueden ejercer sobre ellos. Sin embargo, la jurisdicción aclaró de manera explícita que este cuerpo legal no les confiere a las mascotas derechos fundamentales que puedan equipararse a los previstos para las personas dentro de la Constitución.

Finalmente, el tribunal se pronunció sobre los argumentos del recurrente, quien sostenía que su derecho a la integridad física y moral, sumado al comportamiento que describió como cívico y respetuoso de su perro, justificaban una excepción a la regla. La resolución rechaza la posibilidad de establecer dispensas basadas en las características particulares de un animal o asumiendo que los derechos del letrado son de carácter absoluto.

La sentencia concluye señalando que la propia Ley de bienestar animal contempla la facultad de restringir el acceso de mascotas a edificios públicos, exigiendo únicamente la existencia de una señalización visible que informe sobre la medida.

Vea sentencia Tribunal Supremo de España.