Tribunal argentino confirma indignidad sucesoria por abandono de persona

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Argentina confirmó la sentencia de primera instancia que admitió la demanda de la hermana de la causante en contra del cónyuge y el hijo de ésta y los declaró indignos de sucederla, excluyéndolos de la herencia por pérdida de vocación hereditaria.

La actora, hermana de la causante y única pariente de grado más próximo fuera de los demandados, promovió demanda de indignidad sucesoria contra el esposo e hijo de la causante, ambos herederos forzosos, sosteniendo que se verificaba el supuesto del Código Civil y Comercial: que los parientes o el cónyuge no suministren los alimentos debidos ni hagan recoger al causante en un establecimiento adecuado cuando no puede valerse por sí mismo. Relató que la causante fue hallada sin vida el 18 de septiembre de 2017 en el domicilio donde convivía con los demandados, bajo su exclusivo cuidado y atención, y que en la causa penal se dispuso la detención del cónyuge e hijo como presuntos autores del delito de abandono de persona en perjuicio de la causante.

La actora describió el grave cuadro clínico de su hermana: obesidad mórbida (más de 170 kilos), diabetes, hipertensión y depresión aguda, con cuatro años de licencia psiquiátrica, lo que le impedía valerse por sí misma y la hacía dependiente de cuidados especiales. De la autopsia surgen signos de avanzada descomposición (red venosa de putrefacción, lesiones dérmicas por fauna cadavérica viva y muerta, gusanos y lesiones compatibles con insectos). Si bien la causa de muerte fue cardiopatía dilatada, se indicó que el daño miocárdico se vinculaba con agentes tóxicos, metabólicos o infecciosos propios de un entorno inadecuado para una persona en esa situación de dependencia.

Según el relato, el 18 de septiembre de 2017, a las 12:35, el cónyuge llamó a una empresa privada de emergencias médicas alegando una descompensación tras una caída, lo que no coincidía con la causa real del fallecimiento. Al llegar, el profesional constató que la causante estaba muerta, desnuda, cubierta con una sábana sobre una cama y en estado de avanzada descomposición, dando aviso inmediato a la Policía. La causa penal determinó que la muerte se había producido cuatro o cinco días antes, sin que los convivientes lo advirtieran, pese a que la causante no podía caminar, comer ni tomar agua por sí sola.

La actora añadió que el caso tomó estado público y fue difundido por la prensa, con testimonios de vecinos que describieron el departamento como “imposible de describir”, con heces humanas en todo el lugar, cajas de pizza, comida podrida, cucarachas y moscas. El plomero del edificio declaró que, seis días antes del hallazgo, había visto a la causante “arrastrándose por el piso” y que pidió no volver al departamento por el impacto que le provocó. Vecinos también refirieron insultos habituales del cónyuge e hijo hacia la causante, como “gorda sucia, andá a lavarte”, lo que, a juicio de la demandante, evidenciaba un trato terrible y un estado de abandono total.

El juez de primera instancia, tras analizar la legitimación de las partes, la rebeldía de los demandados y la causa penal, tuvo por acreditado el abandono de persona: consideró determinante la condena penal firme que declaró a ambos autores responsables del delito de abandono de persona agravado por el vínculo, imponiéndoles tres años de prisión de cumplimiento en suspenso. Con base en ese pronunciamiento, tuvo por probado que abandonaron a su esposa y madre cuando no podía valerse por sí misma, incumpliendo el deber legal de asistencia, configurando la causal de indignidad del Código Civil y Comercial. Destacó que no solo no habían intentado internarla, sino que fueron condenados por esa omisión y que, aun contando con medios económicos, obra social y posibilidad de recurrir a establecimientos estatales, no gestionaron su ingreso ni aseguraron cuidados mínimos.

Contra esa decisión, los demandados apelaron, alegando arbitrariedad por valoración sesgada de la prueba, basada —según dijeron— casi exclusivamente en la versión de la actora y en la sentencia penal. Afirmaron haber estado en indefensión por la actuación de su abogado y sostuvieron que el acuerdo de juicio abreviado fue inconstitucional y viciado por coacción: dijeron haber aceptado tras 42 días de detención y condiciones carcelarias inhumanas, solo para recuperar la libertad, y que ello vulneró el principio de inocencia.

Sostuvieron que ese juicio abreviado no podía utilizarse como prueba concluyente en el ámbito sucesorio y que el juez civil debía valorar autónomamente los hechos. Alegaron que la acusación de abandono se basaba en una presunta obligación de internar compulsivamente a la causante contra su voluntad, contrariando la Ley Nacional de Salud Mental, que restringe la internación forzada a supuestos excepcionales con evaluación médica y judicial previa. Afirmaron haber respetado la voluntad de la causante, quien habría rechazado expresamente ser internada, y que su diagnóstico de obesidad y depresión no justificaba una internación compulsiva ni implicaba riesgo inminente para su vida o la de terceros. Señalaron que la actora solo aportó especulaciones y recortes periodísticos, que se omitió valorar la declaración de una vecina cercana, y que, en realidad, la propia hermana —a su juicio— habría incurrido en abandono y podría también ser indigna. Agregaron que la sentencia los colocaba en mayor vulnerabilidad patrimonial, afectando su derecho a una vida digna, y reclamaron que se juzgara la causa con perspectiva de adulto mayor, conforme a la Ley y a la Convención Interamericana sobre Personas Mayores.

Al resolver, el Tribunal recordó el carácter excepcional de la tacha de arbitrariedad, que no habilita a revisar la apreciación de hechos y prueba cuando la sentencia se apoya en argumentos suficientes. Reiteró la doctrina de la Corte Suprema sobre la necesidad de una crítica concreta y razonada en la expresión de agravios y señaló que el recurso de apelación no es una pretensión nueva, sino una derivación de la originaria, que exige que el apelante refute punto por punto los fundamentos del fallo. En este caso, concluyó que los demandados no habían rebatido de manera concreta las sólidas razones del juez de grado, en particular la condena penal firme por abandono de persona agravado.

Además, subrayó que, dado que existe una sentencia penal condenatoria firme, el caso debe analizarse a la luz de la norma que dispone que, luego de la condena en el juicio criminal, no puede discutirse en sede civil la existencia del hecho principal que constituye el delito ni la culpa del condenado. Citando doctrina y jurisprudencia, explicó que la sentencia penal hace cosa juzgada en el ámbito civil respecto de la existencia del hecho y la culpabilidad, aunque deja margen al juez civil para analizar otros aspectos como la magnitud del daño o la concurrencia culposa de la víctima o terceros. En este caso, sin embargo, los demandados pretendían reabrir la discusión sobre el hecho y la culpa, lo que les está vedado por la prejudicialidad penal.

El Tribunal recordó que en sede penal quedó acreditado que los demandados pusieron en peligro la vida y la salud de la causante, a quien estaban obligados a cuidar, abandonándola cuando era incapaz de valerse por sus propios medios, en un contexto de obesidad mórbida, cardiopatía dilatada y condiciones de absoluta falta de higiene en el domicilio. Se destacó el testimonio de un médico, quien describió el fuerte olor a suciedad, la incontinencia, las múltiples patologías de la causante y las reiteradas recomendaciones para que la familia pidiera ayuda, gestionara turnos en centros especializados y mejorara la higiene, así como la declaración del encargado del edificio, que confirmó que la causante estaba al cuidado exclusivo de los imputados. También se resaltó que el hijo no trabajaba fuera de casa y que el padre tenía horarios laborales comunes, con ingresos holgados y obra social, por lo que tenían disponibilidad de tiempo y recursos para brindar asistencia, lo que nunca hicieron.

El Tribunal reafirmó que la sanción de indignidad no es un supuesto de incapacidad, sino una consecuencia jurídica prevista por el ordenamiento por el incumplimiento grave de deberes legales, que implica la pérdida de la vocación hereditaria. Recordó que la norma actual amplía la causal clásica de desamparo del causante —antes vinculada a la demencia— a cualquier situación en la que el causante no pueda valerse por sí mismo, bastando probar este extremo sin necesidad de acreditar demencia. En el caso, consideró demostrado que la causante no podía valerse por sí sola y que sus parientes más cercanos no le prestaron alimentos ni la hicieron recoger en un establecimiento adecuado, pese a su obligación legal y a la disponibilidad de medios.

Respecto de la invocación de la perspectiva de adulto mayor, el Tribunal reconoció la relevancia de las 100 Reglas de Brasilia y de la Convención Interamericana sobre Personas Mayores en cuanto imponen estándares reforzados de acceso a la justicia y trato preferente, pero concluyó que en este caso dichas pautas no alteran el análisis de fondo ni desvirtúan la solidez de la condena penal y de la aplicación de la causal de indignidad sucesoria.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia en cuanto declaró indignos al cónyuge y al hijo de la causante para sucederla por causa de muerte.

Vea sentencia Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Argentina.