Tribunal argentino condena a 12 años de prisión a docente por abuso sexual de una menor luego de una denuncia efectuada a poco más de veinte años de acaecidos los hechos

Un tribunal de Corrientes en Argentina condenó a un ex director y docente de una escuela rural, a 12 años de prisión por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron entre marzo y mayo de 2003, cuando abusó sexualmente de una alumna de 5 años durante los viajes que realizaban solos desde el paraje Pairirí hasta la ciudad de Curuzú Cuatiá.

El tribunal consideró probado que el condenado aprovechó su condición de educador y la confianza de la familia de la víctima para cometer los abusos.

El fallo declaró prescripta la acción penal por un primer hecho de abuso ocurrido en 2002, pero el tribunal igualmente lo declaró probado para garantizar el «derecho a la verdad» de la víctima.

Se valoró como agravante el aprovechamiento de la asimetría etaria y el contexto de aislamiento del paraje rural.

Los jueces tuvieron especialmente en cuenta el daño psicológico sufrido por la víctima, quien requirió tratamiento psicológico durante años.

En el fallo se mencionan varias convenciones internacionales relevantes para el caso:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): Se menciona que ya gozaba de jerarquía constitucional al momento del primer hecho.

• Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): También se señala que tenía jerarquía constitucional cuando ocurrió el primer hecho.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer («Convención de Belém do Pará»): Se cita como parte del marco legal aplicable.

El tribunal considera que estas convenciones son relevantes para el caso, especialmente en relación con:

• El interés superior del niño.

• El derecho a la tutela judicial efectiva.

• La obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia.

Se argumenta que, aunque la acción penal del primer hecho estaba prescrita según la ley nacional, estas convenciones obligan al Estado a garantizar el derecho de la víctima a conocer la verdad, incluso si ya no es posible aplicar una sanción penal.

El fallo señala que, «atendiendo al interés superior del niño, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, que la niña víctima de autos -ahora adulta- gozaba al momento del hecho es un deber de la jurisdicción -emanado de una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional-»

Se rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa.

La sentencia ordenó notificar a la víctima sobre el resultado del juicio y sus derechos.

El fallo destaca la particular vulnerabilidad de la niña por su doble condición de menor de edad y mujer. La sentencia busca reparar el daño causado y enviar un mensaje contra este tipo de delitos cometidos por personas en posición de autoridad.

Vea sentencia Tribunal de Corrientes de Argentina.