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Relatora de la ONU solicita fortalecer marcos legales contra la explotación y el abuso sexual infantil

Identifica una falta de uniformidad en las normas penales que sancionan los delitos contra menores de edad a nivel internacional. Ante el avance de las herramientas tecnológicas y el impacto de las crisis globales, el organismo recomienda integrar al sector privado en la vigilancia de plataformas y mejorar la colaboración jurídica entre países. El reporte enfatiza que la erradicación de estas prácticas depende de reformas estructurales y decisiones en el ámbito político y económico.

Por LUIS EDWARDS TAPIA·16 de marzo de 2026·1 min de lectura
imagen: eeas
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La Relatora Especial de las Naciones Unidas, Mama Fatima Singhateh, presentó una declaración sobre la situación actual de la infancia frente a la explotación sexual. En su exposición, la experta sostuvo que los riesgos de abuso persisten a nivel global y han experimentado una transformación vinculada al desarrollo de herramientas digitales y a la ocurrencia de crisis climáticas o conflictos armados, factores que propician entornos de vulnerabilidad para este grupo de la población.

El informe técnico identifica la existencia de asimetrías en las definiciones legales y en la tipificación de estos ilícitos entre las distintas jurisdicciones nacionales. Según la relatora, esta disparidad normativa genera brechas que dificultan la persecución eficaz de los delitos. En consecuencia, el organismo recomienda a los Estados la implementación de estructuras jurídicas armonizadas que permitan sancionar de manera uniforme todas las modalidades de explotación detectadas en la actualidad.

Dentro de las medidas propuestas, Singhateh destacó la necesidad de invertir en sistemas de seguridad digital y en mecanismos de supervisión de plataformas. La estrategia sugerida incluye el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza y la participación del sector privado como un actor proactivo en la prevención. Asimismo, el informe aboga por la aplicación de una justicia con enfoque en las víctimas y el tratamiento de las causas estructurales que originan estos fenómenos.

Finalmente, la relatora señaló que la prevención de la venta y el abuso de menores está supeditada a decisiones de carácter político, económico y tecnológico. La declaración concluye con un llamado a las instituciones y actores involucrados a situar los derechos de la niñez en el centro del diseño de políticas públicas, con el objetivo de reducir los espacios de vulnerabilidad y garantizar la protección integral establecida en los marcos internacionales.

Vea texto del informe.

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