Actualidad Internacional
En reciente informe
ONU denuncia que gobierno de Afganistán restringe sistemáticamente acceso de mujeres al sistema sanitario
Examina el impacto de las normativas en la autonomía y el bienestar de la población femenina bajo el gobierno actual. Se analiza el marco jurídico internacional frente a las restricciones en educación y empleo, junto con las implicancias de las recientes reformas al código penal. El texto incorpora datos estadísticos y resoluciones de instancias judiciales de opinión para evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, presentó un informe detallado acerca de los obstáculos sistémicos que enfrenta la población femenina para acceder al sistema sanitario. El documento establece que las disposiciones gubernamentales vigentes limitan derechos fundamentales relacionados con la educación, el trabajo y la libertad de circulación. De acuerdo con las conclusiones del relator, este esquema de políticas públicas constituye una estructura de discriminación institucionalizada que se encuadra en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Para la recolección de datos, la oficina del Relator Especial realizó entrevistas individuales y grupos de discusión con 137 ciudadanos afganos procedentes de 29 provincias. Asimismo, la investigación integró los resultados de un levantamiento estadístico efectuado a finales de 2025 por la organización Bishnaw, el cual consultó a 8.085 mujeres en 33 provincias del país.
El análisis indica que, si bien el sistema de salud afgano presentaba debilidades previas debido a conflictos prolongados y falta de inversión, las medidas actuales han profundizado la crisis de acceso de manera independiente a los factores económicos o históricos.
El informe se suma a otros antecedentes jurídicos internacionales recientes, como el veredicto del Tribunal Popular Permanente para las Mujeres de Afganistán emitido en La Haya el 11 de diciembre de 2025. En dicha instancia, se determinó que el trato dispensado a las mujeres bajo el poder de los talibanes contraviene lo estipulado en el Estatuto de Roma. Estos antecedentes coinciden con un periodo de observación internacional sobre el cumplimiento de las garantías básicas en el territorio afgano desde el cambio de gobierno en el año 2021.
Finalmente, el reporte aborda la entrada en vigor de un nuevo código penal en enero pasado, el cual incluye normativas sobre la disciplina física en el entorno familiar. Ante estos cambios legislativos, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil ha anunciado la elaboración de una declaración conjunta para ser expuesta ante el 61.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La iniciativa busca poner en conocimiento de la comunidad internacional el impacto de las reformas legales en la integridad de las personas.
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