ONU analiza impacto de contaminación atmosférica en derechos humanos

La Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, Astrid Puentes Riaño, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde se analiza la incidencia de la contaminación atmosférica en el ejercicio de los derechos humanos. El documento sostiene que la preservación de la calidad del aire es un elemento constitutivo para garantizar la salud pública y la dignidad humana, señalando que los niveles actuales de polución interfieren con la vigencia de derechos como la vida y la integridad física.

El reporte describe la relación entre las emisiones contaminantes y las tasas de mortalidad prematura registradas anualmente a nivel global. El análisis identifica un impacto desproporcionado en grupos específicos, particularmente en niños, personas de edad avanzada y comunidades con bajos ingresos económicos.

Según la Relatoría, los Estados cuentan con el conocimiento y los instrumentos de política pública necesarios para intervenir en las fuentes de emisión vinculadas a la industria, el transporte y el uso de combustibles fósiles, enfatizando la necesidad de una regulación y fiscalización más estrictas.

En el ámbito del derecho comparado y las políticas públicas, el informe menciona que naciones como Japón y Estonia han integrado el impacto en la salud individual dentro de sus procesos de evaluación ambiental. Por otro lado, se cita el caso de Etiopía, donde el retorno de la inversión en programas de reducción de contaminantes atmosféricos superó en siete veces los beneficios sanitarios obtenidos.

En cuanto a la jerarquía normativa de los acuerdos internacionales, el texto destaca que, tras el reconocimiento de la ONU en 2022 del derecho a un medio ambiente sano como una garantía exigible, países como Brasil han otorgado rango de tratado de derechos humanos al Acuerdo de París dentro de su ordenamiento interno.

No obstante, el documento describe un panorama complejo para la gobernanza ambiental durante el año 2026. Se expone la situación de Mozambique, donde la presencia de inversión extranjera directa en los sectores del gas natural y el petróleo coexiste con una alta vulnerabilidad ante desastres climáticos.

Finalmente, la Relatora consigna las modificaciones en la política exterior de Estados Unidos, consistentes en el retiro del Acuerdo de París y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto con la derogación de normativas federales destinadas a limitar la emisión de gases de efecto invernadero.

Vea informe de la ONU.