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Actualidad Internacional

En reciente informe.

Human Rights Watch insta a regular jurídicamente la prohibición de “máquinas asesinas” con inteligencia artificial.

El informe también aborda el problema de la opacidad en los procesos de toma de decisiones de los sistemas de inteligencia artificial aplicados al uso de la fuerza. Este fenómeno, conocido como el "problema de la caja negra", dificulta la trazabilidad y comprensión del razonamiento interno de los sistemas automatizados, lo que plantea desafíos en términos de transparencia, rendición de cuentas y garantías procesales.

Por LUIS EDWARDS TAPIA·03 de mayo de 2025·2 min de lectura
imagen: businessinsider.es
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La ONG Human Rights Watch (HRW) emitió un informe técnico con ocasión de la convocatoria a la primera reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para mayo de 2025 en Nueva York, relativa al debate internacional sobre el desarrollo y uso de sistemas de armas autónomas. En dicho documento, HRW insta a la comunidad internacional a iniciar negociaciones para la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que establezca prohibiciones y regulaciones específicas aplicables a los sistemas de armas autónomas.

El informe identifica diversas implicaciones legales derivadas del uso de armamento autónomo, prestando especial atención a su interacción con el derecho internacional de los derechos humanos. En particular, se examina el impacto potencial sobre el derecho a la vida, que, conforme a los tratados internacionales vigentes, está protegido frente a privaciones arbitrarias. En este contexto, se plantea que los sistemas de armas autónomas podrían carecer de los elementos de juicio necesarios para aplicar adecuadamente los principios de necesidad, proporcionalidad y subsidiariedad en el uso de la fuerza letal.

Asimismo, se incluye una evaluación de las posibles interferencias con el ejercicio del derecho de reunión pacífica. HRW señala la posibilidad de que estos sistemas presenten limitaciones tecnológicas para distinguir entre conductas violentas y no violentas en contextos de manifestación pública, lo que podría derivar en restricciones indebidas de dicho derecho.

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