Gobierno federal demanda a California por normativa que regula emisiones de vehículos

El Departamento de Justicia y el Departamento de Transporte de Estados Unidos han interpuesto una demanda formal contra la Junta de Recursos del Aire del Estado de California (CARB). El recurso judicial tiene como objetivo suspender la aplicación de las normativas estatales relativas a las emisiones de dióxido de carbono y a los mandatos para vehículos de cero emisiones (ZEV, por sus siglas en inglés). Los organismos federales sostienen que el marco legal vigente otorga al gobierno central la autoridad privativa para legislar sobre la materia, prohibiendo cualquier interferencia de los Estados en la regulación de la eficiencia de combustible de los vehículos motorizados.

La acción legal se dirige específicamente contra dos cuerpos normativos integrados en el Código de Regulaciones de California. En primer lugar, se impugnan los estándares de emisiones de CO2 para flotas, que establecen límites estrictos de gramos por milla para los fabricantes de automóviles. En segundo lugar, la demanda cuestiona el mandato de ventas de vehículos de cero emisiones, el cual establecía cuotas progresivas hasta alcanzar la comercialización total de este tipo de vehículos en el año 2035. Cabe precisar que este último mandato ya había sido objeto de una invalidación previa en junio de 2025 mediante la Ley de Revisión del Congreso, aunque actualmente CARB mantiene su aplicación bajo un régimen de mandato de emergencia.

El fundamento jurídico de la demanda radica en la Ley de Política y Conservación de Energía de 1975 (EPCA). Según el planteamiento de los demandantes, esta ley federal reserva de manera exclusiva al gobierno federal la potestad para dictar normas sobre eficiencia energética vehicular. En consecuencia, se argumenta que las regulaciones de California están intrínsecamente relacionadas con el rendimiento de combustible y, por tanto, exceden las facultades estatales. La demanda sostiene que las exenciones contempladas en la Ley de Aire Limpio, utilizadas históricamente por California como defensa, no tienen aplicación en este caso debido a que la EPCA es una norma autónoma que carece de mecanismos de dispensa para los estados.

Desde el ámbito administrativo, la fiscal general Pam Bondi ha manifestado que la acción judicial busca garantizar el cumplimiento de la legalidad federal y proteger a los consumidores frente al incremento de los costos asociados a las regulaciones de electromovilidad. La posición del Departamento de Justicia se alinea con la estrategia de la administración del presidente Donald Trump para asegurar la asequibilidad en el mercado automotriz. Esta postura subraya que las políticas de la administración anterior han generado una carga económica que el actual Departamento de Justicia considera contraria al ordenamiento federal.

A través de este proceso, el Gobierno federal solicita a los tribunales el dictado de sentencias declaratorias que confirmen la invalidez de las regulaciones de CARB, junto con órdenes judiciales de carácter permanente que impidan su ejecución futura.

El petitorio también incluye un componente preventivo, solicitando la intervención judicial sobre el programa Advanced Clean Cars III, actualmente en fase de elaboración por parte de la agencia californiana. Esta demanda se suma a una serie de litigios previos presentados por sectores de la industria del transporte de carga y proveedores de combustibles que también cuestionan la legalidad de las iniciativas energéticas de dicho estado.

Vea texto de la demanda.