Funcionaria transgénero de la Agencia de Seguridad Nacional demanda al gobierno federal por presunta discriminación

Sarah O’Neill, científica de datos en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), inició una acción legal ante el Tribunal de Distrito de Maryland contra el director interino de la institución, William Hartman. El libelo sostiene que la administración federal ha incurrido en prácticas discriminatorias derivadas de la implementación de nuevas directrices sobre identidad de género dentro de la organización. La reclamante argumenta que los cambios normativos han modificado sustancialmente sus condiciones de trabajo.

La disputa surge tras la derogación de la Política 1-73 y la modificación de la Política 6-33 de la agencia, instrumentos que anteriormente regulaban el acceso a servicios higiénicos y el uso de pronombres en correos electrónicos institucionales. Estas reformas establecen que el acceso a baños y la identificación en comunicaciones formales deben ajustarse estrictamente al sexo biológico de los empleados. Dichas medidas dan cumplimiento a la Orden Ejecutiva 14168, la cual instruye a las reparticiones federales a reconocer únicamente dos categorías de sexo y a eliminar contenidos que promuevan conceptos relativos a la identidad de género.

Desde una perspectiva jurídica, la demanda afirma que estas disposiciones vulneran el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La parte demandante fundamenta su postura en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Estados Unidos en el fallo Bostock contra el Condado de Clayton de 2019, donde se determinó que la prohibición de discriminación por razón de sexo incluye la orientación sexual y la identidad de género. Según el texto legal presentado, la aplicación de estas políticas constituye una transgresión a las protecciones laborales vigentes.

El contexto de la acción judicial coincide con una serie de reformas estructurales en el sector defensa. En este sentido, el Departamento de Defensa ha emitido órdenes para suprimir directrices previas sobre diversidad de género, alineándose con la política establecida por el Ejecutivo. La demandante solicita al tribunal una reparación declaratoria sobre la ilegalidad de las medidas y una indemnización por los daños derivados de la aplicación de estas normas en su entorno profesional. Hasta el momento, las autoridades demandadas no han entregado una respuesta oficial ante los órganos jurisdiccionales.

Vea texto de la demanda.