Estado de Michigan (EE.UU.) demanda a grandes petroleras por presunta violación de normativa antimonopolio

La Fiscalía General del Estado de Michigan ha iniciado una acción civil antimonopolio contra las compañías BP, Chevron, Exxon y Shell, extendiendo la acusación al Instituto Americano del Petróleo. La demanda sostiene la existencia de un acuerdo prolongado entre los demandados para limitar el desarrollo y la comercialización de tecnologías basadas en energías renovables y movilidad eléctrica, lo que habría afectado la estructura de precios en el mercado energético estatal.

El escrito legal detalla una serie de conductas que, según la fiscal, constituyen infracciones directas a la Ley Sherman y la Ley Clayton. Entre los hechos descritos se encuentran la supuesta adquisición de patentes de baterías de níquel-hidruro metálico para restringir su uso mediante licencias limitadas, así como la cancelación de proyectos de energía solar y la falta de implementación de estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Sostiene que estas acciones no responden a decisiones económicas individuales, sino a una coordinación institucionalizada a través de grupos industriales para desviar la inversión hacia los combustibles fósiles.

Desde una perspectiva jurídica, la demanda clasifica estas prácticas como violaciones per se de la Sección 1 de la Ley Sherman, argumentando que la naturaleza de los actos es intrínsecamente anticompetitiva. Subsidiariamente, el texto plantea un análisis bajo la regla de la razón, señalando que la presunta concertación redujo artificialmente la oferta de energía renovable, eliminando la presión competitiva sobre los precios de los hidrocarburos.

El proceso incluye pretensiones de medidas cautelares permanentes, la restitución de beneficios obtenidos y una indemnización por daños y perjuicios, además de invocar la Ley de Reforma Antimonopolio de Michigan como fundamento legal.

Este procedimiento judicial se inserta en un contexto de alta litigiosidad en el sector energético estadounidense. La acción de Michigan surge tras otras acciones legales recientes, como las demandas del Departamento de Justicia contra varios estados por sus políticas climáticas y los litigios iniciados por diversas fiscalías estatales en relación con fondos de compensación por daños ambientales. El tribunal deberá ahora determinar si los antecedentes presentados son suficientes para configurar la existencia de un monopolio destinado a suprimir la competencia en los mercados de transporte y energía primaria.

Vea texto de la demanda.