Corte IDH advierte que jueces peruanos deben abstenerse de amnistiar a policías, militares o civiles vinculados al conflicto armado interno

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una medida cautelar instando a los jueces peruanos a no aplicar por ahora la ley de amnistía que favorece a policías, militares y civiles vinculados con comités de autodefensa por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980‑2000). Esta disposición tiene lugar en respuesta a la promulgación de la norma por parte del Congreso, respaldada por sectores conservadores, y pese a la orden previa de suspensión dictada por la Corte.

La amnistía contempla beneficios para procesados por delitos relacionados con Sendero Luminoso o el MRTA, y también para aquellos condenados mayores de 70 años. Su aprobación generó rechazo de organismos de derechos humanos, que advierten que la medida pone en riesgo cientos de condenas y procesos vigentes.

Además, la Corte IDH recordó que Perú tiene la obligación internacional de cumplir sentencias vigentes, como las originadas por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), crímenes por los que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado.

La mandataria Dina Boluarte defendió la promulgación de la ley, acusando al tribunal internacional de interferencia en asuntos internos, y señaló posibilidades de reformar la relación con el sistema internacional de defensa de los derechos humanos, incluyendo la posible salida del Pacto de San José.

Organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han advertido que más de 150 condenas y alrededor de 600 procesos estarían en riesgo si la ley de amnistía entra en vigor.